La provincia de Buenos Aires adhirió este viernes a la Ley Nacional de Electrodependientes, que garantiza el acceso gratuito al suministro eléctrico a las personas que dependen de la electricidad para poder vivir.

Se trata de la adhesión a la Ley 27.351, que establece la gratuidad del servicio eléctrico, el acceso a un registro nacional de personas electrodependientes, el derecho a solicitar un grupo electrógeno gratuito y a requerirle a la distribuidora de energía que se haga cargo de los costos de su funcionamiento.

También determina que las empresas deberán contar con un 0-800 las 24 horas para atender consultas y responder a posibles urgencias; y garantizar niveles de tensión adecuados a personas que lo requieran por motivos de salud.

El proyecto, autoría del diputado nacional Carlos Castagneto (FPV-PJ), había sido aprobado el 8 de junio pasado en el Senado provincial y este viernes fue sancionado en la sesión que llevó adelante la cámara provincial de diputados. Anteriormente, había sido aprobada por las cámaras nacionales. Castagneto aseguró que «los electrodependientes merecen una política de Estado que los proteja. Tendrán garantizada energía gratuita y constante y no dependerán de la buena voluntad de algunas distribuidoras de servicio eléctrico. No podrán cortarles la luz por falta de pago y poner sus vidas en riesgo».

Según la Asociación Argentina de Electrodependientes (AAE), en el territorio bonaerense hay 300 electrodependientes, para quienes rige desde 2014 la Ley 14.560 que establece una tarifa diferenciada del servicio eléctrico y la obligación de que las empresas proveedoras los doten con grupos electrógenos.

La ley sancionada este viernes obliga a las empresas Edelap (Empresa Distribuidora Energía La Plata), EDEN (Empresa de Distribución de Energía Norte), EDEA (Atlántica), EDES (Sur) y las cooperativas que cumplan con los beneficios que indica la ley nacional para los electrodependientes.

Según la AAE, la nueva ley «mejora ampliamente las condiciones de la Ley provincial Nro 14.560 otorgándonos un tratamiento tarifario gratuito que observa nuestra problemática desde una perspectiva compatible con la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad».