Era todavía de noche y el pastizal estaba blanco y duro por el frío. Las sesenta familias que desde fines de abril ocupaban los terrenos del Parque Industrial, lindantes al barrio conocido como Toma El Tanque, dormían o trataban de hacerlo en sus pequeñas casillas de chapas, maderas y polietileno. No eran todavía las siete de la mañana cuando empezaron a llegar 200 uniformados en camiones y camionetas. Llegaron armados y dispuestos al desalojo más violento, ordenado por el juez Martín Marcovesky, a pedido del fiscal Marcelo Silva y en base a una denuncia que realizó la Municipalidad. Llegaron también topadoras y un camión volcador. El ruido de sus motores provocó que los ocupantes del predio, que reclamaban sin éxito una solución habitacional, se asomaran a la intemperie.

En un rato nomás, el secretario de seguridad municipal hizo el anuncio: “La diligencia está terminada”. Quiso decir que las topadoras se llevaron puestas las casillas como si fuesen de naipes, pero nada informó sobre la cruenta represión sufrida por las sesenta familias. Balazos de goma al cuerpo y a las cabezas de los hombres que intentaron interponerse entre las máquinas y las precarias viviendas, detenciones de personas de las que aún varias horas después se desconocía su paradero, violencia sin distinción entre mujeres y niños.

Las escuelas de la zona suspendieron las clases y el intendente, el radical de Cambiemos Horacio Quiroga, brilló por su ausencia. Quiroga, conocido como Pechi, había advertido con el desalojo, pero nadie lo imaginaba tan brutal. El Pechi Quiroga tiene su prontuario: denuncias de corrupción por favorecer a empresarios en licitaciones y de abuso de autoridad, acusado por estudiantes universitarios, cuando quiso eliminar una calle interna de la Uiversidad Nacional del Comahue para hacerla de uso público.

Los resultados del desalojo fueron comunicados por la tarde por el comisario mayor Víctor González: “Sólo siete demorados”, dijo. Negó la evidencia que muestran las fotos sobre los heridos registrados por los balazos de goma.

Por la tarde, la calma estaba lejos de regresar en la zona. Afiliados al gremio estatal ATE se acercaron para manifestar su apoyo y uno de los dirigentes sindicales, Carlos Quintriqueo, anunció un paro para mañana “en rechazo y en repudio al desalojo de la toma del Parque Industrial impulsado por el intendente Horacio Quiroga y llevado adelante por un juez que tiene complacencia con los violadores pero es mano dura con las víctimas de no tener vivienda”. Quintriqueo se refería a la polémica decisión que el juez Martín Marcovesky tomó hace dos días, al liberar a un hombre acusado de violar a punta de pistola a una joven madre frente a sus hijos y en plena calle.

La tensión se mantenía en el anochecer del barrio Parque Industrial. El intento de mediación del obispo de Neuquén terminó en fracaso. Los vecinos, reunidos en asamblea, resolvieron cortar la ruta provincial número 7, frente mismo a la comisaría. Prendieron fuego y tenían quebracho suficiente como para bancar el frío húmedo que trae la noche. Entre las llamas, miraban de frente a los 200 efectivos que custodiaban el predio donde estaban sus casillas. Esperan una respuesta. De sus casillas no quedó nada.