El juez federal Ariel Lijo no tuvo más remedio que llamar a indagatoria al banquero Jorge Brito porque el «arrepentido» Alejandro Vandenbroele lo sindicó como el verdadero dueño del dinero con el que se levantó la quiebra de Ciccone Calcográfica. Así se desprende de la justificación del juez al convocarlo a indagatoria: «Las manifestaciones realizadas por el nombrado (Vandenbroele) con relación a las maniobras investigadas en la presente causa corroboraron las hipótesis relacionadas con la procedencia de los fondos aplicados a la empresa The Old Fund y Ciccone Calcográfica, que se establecieron a través de la investigación realizada oportunamente por la Unidad Fiscal de Investigación de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (actualmente Procelac)».
En enero próximo se cumplirán 40 años desde la única vez que Brito estuvo preso. Fue durante la dictadura y por una causa vinculada con el funcionamiento de una entidad financiera. Desde entonces ha construido relaciones (ver aparte) que lo han llevado cerca o dentro del poder. Su relación personal con el juez Lijo es harto conocida en tribunales; sin embargo no aparece en el horizonte nadie capaz de plantear que por esa vinculación el magistrado deba apartarse de la investigación. Entre las causales de inhibición y recusación, el Código Procesal Penal establece una indubitable para el caso: «Si tuviere amistad íntima, o enemistad manifiesta con alguno de los interesados». Y hay al menos otras dos para analizar: «Si él, su cónyuge, padres o hijos, u otras personas que vivan a su cargo, fueren acreedores, deudores o fiadores de alguno de los interesados» y «si él, su cónyuge, padres o hijos, u otras personas a su cargo, hubieren recibido o recibieren beneficios de importancia de alguno de los interesados».
¿Amado Boudou interesó a Brito en Ciccone o fue al revés? Vandenbroele dijo que fue el ex vicepresidente el que salió a buscar un financista para la operación, que era parte de una decisión política del expresidente Néstor Kirchner. Uno de los primeros empresarios a los que se contactó, según revelaron a Tiempo fuentes con acceso a la causa, fue Claudio Belocopitt, dueño de la empresa de medicina prepaga Swiss Medical. La negociación no prosperó, entonces, Boudou encontró, en un acotado menú de variantes, a su amigo Brito. La relación también es muy estrecha: cuando Cristina Fernández de Kirchner anunció que Boudou sería su candidato a vicepresidente, hubo festejo entre ambos.
La Causa Ciccone había separado a Brito de su cuñado y socio de antigua data Ezequiel Carballo. Después de una larga historia en común, Carballo dio un paso al costado aunque siguió siendo accionista del Banco Macro. «La comunidad financiera está dividida entre los que creen que en el Macro manda Brito, y los que saben que el que gobierna es Carballo». El final del kirchnerismo llevó de regreso a Carballo al directorio de la entidad bancaria; Brito, hoy, está con licencia.
Vandenbroele sugirió que Brito le pagaba una mensualidad a cambio de su silencio. ¿Además de eso también pagaba los honorarios de su abogado? Difícilmente aparezca una factura dando cuenta de ese pago, pero cuando se «arrepintió» ante el fiscal Jorge Di Lello esa hipótesis quedó flotando en la pesada atmósfera de la declaración. Di Lello es un hombre de experiencia, en tribunales, en la política y en la vida.
Fue el fiscal quien planteó que Boudou podría estar «asegurado» en el proceso sin necesidad de estar preso, y quien esbozó que el pago de dinero a cambio de silencio podría significar una obstaculización de la investigación apropiada para disponer la detención de Brito. La advertencia surtió efecto: la Cámara Federal porteña le sugirió a Lijo que evalúe medidas «menos gravosas» para Boudou y, de esa manera, le evitó a Lijo la engorrosa tarea de ordenar la detención de Brito. Comodoro Py es un tablero de ajedrez en el que con frecuencia se negocia con caballos, alfiles y peones.
Daniel Rafecas: «Me parece grave que se busque remover a un juez por sus fallos»
El juez federal Daniel Rafecas consideró «grave que se busque remover a un juez por sus fallos», luego de que el Consejo de la Magistratura lo convocara a dar explicaciones por haber desestimado la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner y otros funcionarios de su gobierno.
«Me parece grave que se busque remover a un juez por sus fallos. Los jueces tenemos un ámbito discrecional para interpretar y aplicar las leyes que debe ser respetado desde la política», sostuvo Rafecas en diálogo con la agencia Télam.
Rafecas fue citado por la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura por haber desestimado la denuncia efectuada por el fiscal Alberto Nisman «sin dar lugar a la mínima investigación, con insuficiente formulación, con manifestaciones políticas impropias e inusual premura», según resumió el consejero radical Ángel Rozas. La decisión fortaleció la hipótesis del avance del oficialismo sobre los magistrados que no responden a sus necesidades de coyuntura, ya que es conocido que uno de los límites para iniciar el proceso de remoción de un magistrado es que la acusación no guarde relación con el contenido de sus fallos. Nisman había asegurado que con la firma del memorándum caerían las alertas rojas que pesaban sobre los iraníes y que se incrementaría el comercio internacional entre los países involucrados en el acuerdo, pero en los hechos eso no ocurrió.
«Yo dejé sentada mi posición en el caso y públicamente en el sentido de que la denuncia de Nisman no establecía una hipótesis de delito que investigar y por lo tanto estaba vedada para mí como juez abrir a prueba el caso», sostuvo Rafecas.
Sobre la «inusual premura» de la que se lo acusa, dijo que «el código procesal establece tres días para abrir una causa o desestimarla por inexistencia de delito», y citó otro ejemplo: «Este año el bloque de diputados del FpV denunció al gobierno por el uso de las Lebacs. La fiscal Paloma Ochoa requirió y pidió 16 medidas de prueba y yo desestimé la denuncia, a los pocos días. Igual que en la denuncia de Nisman». «
