Antes de llegar al plenario de este jueves, los tres mayores socios de Juntos por el Cambio tuvieron reuniones internas desde la semana pasada para reconducir las diferencias que tienen sobre la negociación del Gobierno con el FMI. La Coalición Cívica tuvo un plenario federal el sábado y su fundadora Elisa Carrió reclamó responsabilidad política. El radicalismo reunió a sus diputados dos días antes y el PRO hizo lo propio el miércoles. La reunión de cinco horas que se concretó el jueves terminó de marcar un primer freno para la titular del PRO, Patricia Bullrich, pero también hubo un revés inesperado para el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta.
El debate interno sobre qué posición adoptar en la negociación con el Fondo tenía un desenlace previsible. El titular de la UCR, Gerardo Morales, la había cruzado a Bullrich en la reunión anterior y la cuestionó duramente por plantear la derogación de ley que obliga a tratar en el Congreso cualquier endeudamiento soberano. Tal como contó Tiempo, el radicalimo se mueve entre el respaldo al pacto y la abstención de un sector. Los porotos de la UCR se reordenaron cuando Morales reconoció que la deuda la había tomado Cambiemos y que al menos tenían que ir a escuchar si los invitaban. Entre el reconocimiento de la responsabilidad propia y la disputa con el PRO por el liderazgo de Cambiemos, el radicalismo se encamina a transformarse en el mayor aportante de votos dentro del Congreso a un eventual acuerdo con el Fondo, aunque todavía no se conoce la letra chica.
La Coalición Cívica considera las mismas opciones y sus dirigentes siguieron el tratamiento que Morales le dio a Bullrich y también al expresidente Mauricio Macri. El magnate sigue pensando que no hay que apoyar nada porque el acuerdo está flojo de papeles. Sin default en el horizonte, su hipótesis de una crisis brutal se diluye pero su entorno desliza que se siente cerca de llegar al poder. Una forma de mantener en pie sus aspiraciones, pero también la especulación que tiene sobre los costos electorales que afrontará el Frente de Todos en los próximos dos años, por aplicar el acuerdo con el FMI.
Esas posiciones se plasmaron este jueves. Los más intransigentes afrontaron la minoría y aceptaron que JxC evalúe la posibilidad del respaldo o la abstención cuando haya llegado la letra chica, pero con la condición de que no implique aumentos de impuestos. Una forma de ligar el respaldo al nivel de ajuste que aplique el Gobierno para llegar a las metas. Ahí, está la letra chica del pacto que tantas intrigas genera. Para JxC, la condición posiblemente les resulte como salvoconducto si deciden oponerse y hacer todo lo contrario a lo que vienen diciendo. Así, llegaron unidos al pronunciamiento que escenificaron en forma de «retiro espiritual» y que se concretó a pocos metros de la Quinta de Olivos.
La trabajosa coincidencia sobre el Fondo fue refozada con un «manual de buenas prácticas» dentro de la coalición. Es una idea del año pasado que fue reflotada ahora, a pedido del radicalismo, para limitar la autonomía de Bullrich en sus declaraciones públicas. La acusan de desconocer los acuerdos internos cuando ella había participado en adoptarlos. Así, sucedió en la reunión de emergencia que tuvieron dos horas después del anuncio del entendimiento.
Esta vez, fue Bullrich la encargada de anunciar el nuevo mecanismo: la línea política de la coalición será definida en sus comunicados y las demás opiniones serán de carácter personal. La decisión no le impide hablar a Bullrich o a Macri, pero ambos deberán asumir un riesgo: que los otros socios de la alianza recuerden que no es una posición que refleje la opinión del conjunto. El planteo es el primer límite discursivo para ordenar la disputa de liderazgos del mayor espacio opositor en este año no electoral.
Hablaron de una nueva institucionalidad para contener a las distintas partes del espacio. Ordenaron la mesa federal para contener a los aliados de cada provincia y se encaminan a debatir un programa de gobierno. También hubo otros límites políticos que no fueron parte de las muestras de unidad. El alcalde Horacio Rodríguez Larreta pidió el respaldo de la Mesa Nacional ante la decisión del Gobierno de abrir una negociación para transferirle a la Ciudad el financiamieto de las 32 líneas de colectivos que recorren solamente el territorio porteño. Es una caja de 14.600 millones de pesos al año que la Nación dejará de girar. Hasta ahora, la Ciudad pone el 50%, pero en los últimos años el aporte se redujo al 44% y hay una ley que rige desde hace diez años que se concrete el traspaso. Es el mismo texto que ordenó la transferencia del subte e implicará la misma situación: un duro tironeo para ver quién afronta los costos políticos de subir el boleto.
La puja por los subsidios al transporte público es el primer round que impone el futuro acuerdo con el Fondo. En la misma reunión donde las tribus de JxC analizaron el tema, el radicalismo se negó a apoyar al alcalde en la pelea con la Nación. En la reunión, estuvieron el jujeño Morales y su par mendocino Rodolfo Suárez. Dicen que ambos lo cortaron en seco y le dijeron que era un tema claramente porteño, en un momento donde la estructura de subsidios es totalmente desigual en materia federal. El correntino Gustavo Valdés no viajó porque está enfrascado en el combate de incendios forestales en su provincia, pero también reclama una distribución equitativa del financiamiento estatal al transporte público. Sin esos guiños, Rodríguez Larreta se fue con las manos vacías, aunque coincide con Morales en ser cauteloso con el Fondo, pero respaldar la negociación si no hay sorpresas en la letra chica.
