El ex vicepresidente Amado Boudou quedó detenido para comenzar a cumplir una condena a cinco años y diez meses de prisión que le aplicó un tribunal oral federal por los delitos de “cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública” en la denominada “Causa Ciccone”. El tribunal concretó una insinuación que estaba instalada en los tribunales de Comodoro Py desde el lunes. De hecho, los defensores de Boudou, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, lo sabían.
Por eso intentaron este martes una maniobra final para ganar tiempo y, en el corto plazo, apartar al juez Pablo Bertuzzi, presidente del tribunal, cuya imparcialidad está cuestionada. ¿Por qué? Porque Bertuzzi pidió pasar del tribunal oral a la Cámara Federal (un descenso similar al que consiguió otro juez, Leopoldo Bruglia) y esa decisión, que en su carrera significará una elevación de status y exposición, depende de la firma de un decreto por parte del presidente, Mauricio Macri.
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La defensa de Boudou aclaró que no dudaba de la honorabilidad del juez Bertuzzi, pero deslizó que ese condicionamiento (la necesidad de una firma del presidente Macri para conseguir su objetivo) ponía en entredicho –cuanto menos- la independencia de criterio a la hora de decidir. Alejandro Rúa intentó meter ese planteo antes de comenzar la audiencia de últimas palabras previo al veredicto, pero el tribunal se lo impidió. Y dos horas más tarde, Boudou estaba preso.
Bertuzzi, Néstor Costabel y María López Iñiguez tomaron también otras decisiones. Entre ellas, mantener a la Unidad de Información Financiera (UIF) a ser querellante, pese a que en la condena no se incluyó el delito de “lavado”, que es el metier específico de ese organismo que depende del ministerio de Justicia.
Fue la UIF la que pidió que, en caso de condena, Boudou fuera inmediatamente detenido. Si la hubieran apartado de ese rol de querellante, la detención se habría quedado manca de respaldo, aunque el tribunal igualmente podía haber decidido el arresto inmediato.
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La condena incluye, para Boudou, la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.
Los otros condenados fueron José María Núñez Carmona, a cinco años y seis meses; Nicolás Tadeo Ciccone (ex dueño de la empresa) a cuatro años y medio; el ex funcionario Rafael Resnick Brenner, a tres años en suspenso y el ex representante argentino ante el Banco Mundial Guido Forcieri a dos años y medio, también en suspenso. Alejandro Vandenbroele, quien pidió acogerse al régimen del imputado colaborador o “arrepentido” (una figura muy utilizada en la causa de los cuadernos) fue condenado a dos años de prisión en suspenso, la pena menor de todos los acusados.
Las decisiones del tribunal tienen dos instancias de apelación por delante: la Cámara Federal de Casación y la propia Corte Suprema. En ningún caso, la decisión de encarcelar a Boudou, Núñez Carmona y Ciccone (el único beneficiado con prisión domiciliaria) será revisada antes de un mes.
