Para el juez federal Claudio Bonadio, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su difunto marido, Néstor Kirchner, encabezaron una asociación ilícita que desde la Casa Rosada concedió obra pública de manera ilegal y así obtuvo millonarios “retornos”, a través de una estructura que incluyó a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.

“La imputada Fernández, después que se otorgaran con anterioridad o posterioridad las concesiones de obra pública o juego desde el Poder Ejecutivo Nacional, del cual era su más alto representante, al igual que el otro socio, Néstor Carlos Kirchner -ya fallecido-, se firmaban los contratos de alquiler de las propiedades de ‘Los Sauces S.A.’ a fin de retornar el dinero como contraprestación de esas concesiones”.

Pero según el juez, la maniobra se perfeccionó con la llegada a la presidencia.

Poco menos que la elección significó la llave para instalar en la Casa Rosada a una organización dedicada al robo.

El fallo explica, según la particular visión del juez, que se procedió a “la conversión formal de Lázaro Báez en empresario de la construcción cuando era empleado bancario, pocos días antes que su amigo, Néstor Carlos Kirchner, asumiera la Presidencia de la Nación, el día 8 de mayo de 2003, para luego ser insertado en el negocio de las contrataciones de infraestructura del estado mediante sus empresas, primero Austral Construcciones S.A. , y luego Kank y Costilla S.A., Loscalzo y Del Curto S.R.L. y Valle Mitre S.A.”.

De la lectura de las 394 páginas del fallo se desprende que si Néstor Kirchner estuviera vivo también él estaría procesado por los mismos delitos.

El procesamiento incluye a los hijos de la ex presidenta, Máximo y Florencia, como jefes-organizadores de la asociación ilícita.

El fallo busca refutar el argumento sobre la edad que tenía la hija del matrimonio Kirchner cuando, según el juez, se inició la maniobra perfeccionada con la llegada a la Presidencia.

Después de la muerte de su padre, Florencia Kirchner prestó su “concurso y aprobación” para las maniobras.

Para el juez, está prácticamente probado que las empresas de Báez pagaban alquileres por propiedades de los Kirchner para “retornarles” el dinero que ellos le habían hecho ganar con la concesión de obra pública.

“Los alquileres, más allá de lo correcto de su formalidad, intentaron ocultar el origen ilícito del dinero proveniente de la obra pública otorgada ilegalmente al ‘Grupo Báez’ desde el gobierno nacional por parte o a indicación de la ex presidenta”.

La extensa nómina de procesados incluye al empresario Cristóbal López y a los hijos de Báez, Ricardo, Luciana Leandro y Martín, además de la hija de Alicia Kirchner, Romina Mercado.

“Claramente el objeto del delito es el bien o bienes que provienen de un ilícito penal, el cual como se sostiene es el pago, mediante alquileres, como contraprestación de la obra pública concedida ilegalmente al grupo Báez”.

Para Bonadio, la ex jefa del Estado formó “parte en una asociación ilícita en calidad de Jefe, el cual concurre en forma real con el delito de lavado de activos de origen ilícito agravado por su habitualidad, por formar parte de una asociación y por ser funcionario público y negociaciones incompatibles” con la función pública.