Tras varias cartas de lectores publicadas en La Nación, la sala de feria de la Cámara Federal de Casación Penal le otorgó prisión domiciliaria a Eduardo Rodolfo Cabanillas, condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad en Automotores Orletti en 2011.
El represor de 74 años había iniciado el 13 de julio una huelga de hambre para lograr su liberación del penal de Ezeiza. Ayer, los jueces Juan Carlos Geminiani, Eduardo Riggi y Ángela Ledesma decidieron mandarlo a su casa a cumplir el resto de su condena.
En las últimas semanas, se inició una campaña para lograr la liberación de Cabanillas. Dos cartas de lectores se publicaron en los últimos días reclamando la domiciliaria para el represor, ambas firmadas por ex militares, Rodrigo A. Caro Figueroa y Guillermo César Viola.
Este hombre de 74 años, persona de bien y cabal profesional de las armas, lleva diez años privado de su libertad en cárceles comunes, lapso dentro del cual fue arbitraria, inconstitucional e ilegalmente condenado, señaló en su defensa Viola, integrante de la Unión de Promociones (UP), que agrupa a ex militares que reclaman que se terminen los juicios por delitos de lesa humanidad.
Desde la llegada de Claudio Avruj a la Secretaría de Derechos Humanos, los resortes del gobierno nacional en las causas por crímenes de la última dictadura comenzaron a impulsar la liberación de los condenados mayores de 70 años.
La Justicia, receptiva a los cambios de época, entendió rápidamente y aumentó rápidamente la cantidad de represores enviados a su casa. Según datos de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, en mayo los presos con domiciliaria eran 467, casi la mitad de la totalidad de los detenidos (1070).
