El fiscal federal Franco Piccardi impulsó una investigación para determinar si la mujer del periodista Alfredo Leuco cobra sueldo por el Senado de la Nación como empleada de Gabriela Michetti, pero presta funciones en la Fundación SUMA, que encabeza la vicepresidenta. Mediante un escrito de cuatro páginas, Picardi deslizó la posibilidad de que Cecilia Ruth Brook, pareja del periodista, sea en realidad “ñoqui” del Senado y se desempeñe al servicio de la Fundación que, como ya ha quedado establecido en la causa en la que se investiga el origen del dinero robado a Michetti, hasta hace poco tiempo no pagaba sueldos.

Según un documento del Senado, Brook presentó su renuncia a ese cuerpo el pasado 16 de marzo, la que fue aceptada el 28 de abril. La mujer pertenecía a la planta temporaria y prestaba servicios en el bloque del PRO, según el mismo texto.

El requerimiento de investigación por parte de Piccardi está fechado el 15 de setiembre pasado. La causa está en pleno trámite y la tiene a su cargo el juez Sebastián Casanello, quien hizo lugar a prácticamente todas las medidas de pruebas que le fueron pedidas.

“La verdad es que me estoy enterando ahora, pero no tenemos problemas con que se investigue lo que crean que tienen que investigar” respondió la vicepresidenta Gabriela Michetti, en el marco del retiro que el Gobierno desarrolla en Chapadmalal. Consultada por Tiempo Argentino, la vicepresidenta aclaró: “Estamos abiertos a las investigaciones judiciales: nuestro eje es la transparencia y estoy tranquila de conciencia”.

La denuncia por la presunta contratación irregular de la mujer de Leuco como funcionaria del Senado para cumplir funciones en un ámbito diferente fue promovida por los diputados del Frente para la Victoria Rodolfo Thailade y Juan Cabandié. El fiscal Guillermo Marijuán entendió que se trataba de un hecho diferente a la investigación por supuesto “lavado de dinero” a raíz del origen del dinero que le fue sustraído a Michetti la noche en que Cambiemos ganó el balotaje. Entonces “extrajo testimonios” y así nació esta nueva investigación.

¿Qué medidas de prueba se ordenaron?

El fiscal Piccardi pidió que “se requiera al área de recursos humanos del Senado que informe si Brook se desempeña laboralmente en ese organismo, en relación de dependencia o bajo alguna modalidad de contratación; de ser así, remita el legajo personal de la nombrada, haga saber en qué área se desempeña, las tareas que desarrolla y los funcionarios para los cuales cumple funciones”.

Pero además pidió “constancia de ingreso biométricos o formularios completados, o la modalidad que se utilice en el organismo en cuestión” y que la Inspección General de Justicia “aporte copias certificadas de toda la documentación vinculada con la Fundación SUMA, como también informe, en base a sus registros, si se encuentra vinculada de alguna manera a aquella entidad”. Los mismos informes reclamó a la Fundación SUMA.

Thailade y Cabandié sugirieron, en ese contexto, que “corresponde también la convocatoria a prestar declaración testimonial de Brook para conocer si puede aportar datos sobre los hechos investigados”, pero advirtieron que se debe “evaluar si procede la convocatoria en esos términos frente a la posible imputación en su contra por malversación de caudales públicos, en tanto estaría cobrando dinero por una función pública que no estaría ejerciendo”.