Con especialistas invitados, los diputados que integran las comisiones de Seguridad Interior y Derechos Humanos debatieron este miércoles acerca de la situación de violencia institucional en el país. El Frente de Todos puso en la agenda una temática que generó preocupación, sobre todo, en el contexto de pandemia.
El oficialismo presentó hace unos meses un proyecto de ley que tiene como objeto generar herramientas integrales para prevenir y erradicar casos de violencia institucional por fuerzas policiales, de seguridad, y servicios penitenciarios. Además una iniciativa de la diputada Elda Pertile (FDT), que propone crear un observatorio de violencia institucional a nivel nacional.
En el marco de la reunión informativa la directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rey, se refirió al protocolo de revisión de actuación de las fuerzas en todo el país. Y destacó la importancia no solo de la regulación del uso de las armas de fuego sino también de las armas de electrochoque. “Hemos reforzado el pedido a priori que frente a la falta de diagnóstico del uso de estas armas se abstengan los países de usarlas. Argentina ya tiene habilitado el uso en algunos distritos. Volvemos a reforzar que los requisitos tienen que regirse con los mismos de arma de uso de fuego y sobre todo hacer hincapié en la importancia del entrenamiento y capacitación de las fuerzas de seguridad”, manifestó.
Por su parte, José Schulman , representante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, recordó que “hay en la Argentina, desde el fondo de los tiempos, un aparato de Estado autorizado a usar armas letales contra el pueblo. No sólo en los gobiernos militares sino casi siempre. Venimos a proponer un observatorio totalmente autónomo del Estado, que sea de la violencia institucional, con capacidad de alerta temprana para que la voz de los familiares no sea bastardeada”. “Hoy se sigue dudando de la palabra de la madre de Facundo Astudillo Castro o del hermano de Santiago Maldonado”, agregó.
En tanto, Raquel Witis, integrante de la Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia de la zona norte, remarcó que el proyecto “toma mucho de las propuestas de los familiares de las víctimas. Creo que tiene algunas cuestiones de avanzada, interesantes y necesarias”.
La mamá de Mariano Witis, un joven que fue ultimado por la policía bonaerense en septiembre del año 2000, luego de que Darío Riquelme lo tomara de rehén para intentar robar una sucursal bancaria de Béccar, señaló: “La violencia institucional no es un problema nuevo. Lo venimos arrastrando sin poder superarlo en tantos años de democracia”. En ese punto, observó que “uno de los principales actores que incide en la impunidad es el Poder Judicial. Muchas veces avala y legitima violaciones de derechos cometidas por agente del servicio penitenciario, policías o fuerzas de seguridad”.
También opinó que “una de las cosas que me paree muy necesaria es la creación de los centros de denuncia. Si bien en Buenos Aires tenemos acceso a muchos lugares donde podemos realizar las denuncias, en el interior el tema es más complejo. También me parece importante el registro que se propone que lleve la Secretaría de Derechos Humanos porque nos va a permitir verificar cuáles son las prácticas que se producen en los distintos territorios para poder pensar políticas públicas que puedan deconstruir esas prácticas que se producen”.
Entre los expositores participó Daniel Suizer, abogado en Formosa de la Red por la Libertad, comentó que en esa provincia “se ha dado vía libre a lo que denomino una opresión disfrazada de pandemia”. Al respecto indicó que se comenzó “con personas varadas en la ruta. Luego vino el problema de los aislados, los alojamientos a personas con Covid en centros del gobierno, donde estaban hacinados y que terminó siendo foco de contagio. Una vez más la justicia tuvo que ordenar a Gildo Insfran que cese esas actividades”.
El proyecto en discusión, presentado por Paula Penacca, Hugo Yasky y Leonardo Grosso, propone generar herramientas integrales para eliminar los casos de violencia institucional por fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios.
Según estadísticas de la Dirección de Asistencia a la Víctima del organismo, durante el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) del 2020, el ámbito de fuerzas de seguridad reunió el 3% de las consultas recibidas por prácticas discriminatorias, siendo uno de los diez ámbitos más consultados por la población.
La iniciativa establece instrumentar protocolos de acompañamiento y asistencia jurídica a las víctimas y sus familiares. Creará un Registro Nacional de Violencia Institucional que registrará, clasificará y sistematizará los casos en todo el país. Y se capacitará con una perspectiva transversal de derechos humanos al personal de las fuerzas de seguridad.
La norma también establece principios básicos sobre el empleo de armas letales y no letales, cumpliendo con los estándares internacionales. Y, además, define un protocolo para resguardar a las personas que participen de manifestaciones en la vía pública.
