Con el acuerdo de todos los bloques, la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados emitió dictamen el lunes al proyecto de ley que prohíbe la ayuda económica a empresas domiciliadas en guaridas fiscales o aquellas con evasión fiscal.
Según datos proporcionados por las declaraciones juradas patrimoniales ante la AFIP y la contabilidad que lleva el INDEC en relación con la acumulación de activos externos de argentinos, el 70% de la riqueza que los que los argentinos más ricos mantienen en el exterior, no se declaran ante el fisco.
La iniciativa presentada por el diputado del Frente de Todos Pablo Carro fue unificada con un proyecto impulsado por la también diputada del oficialismo Fernanda Vallejos que iba en el mismo sentido. El dictamen final, que podría tratarse en la próxima sesión de este miércoles, comprende en uno de sus 6 artículos que “se considera personas humanas o jurídicas con probada evasión fiscal, a aquellas condenadas por cualquiera de los delitos previstos por el Régimen Penal Tributario, o a aquellas que hayan sido sancionados con multas, por infracciones dolosas en los términos de los artículos 46 y 48 de la ley 11683 y sus modificatorias”.
Además, considera “asistencia económica a cualquier tipo subsidio, moratoria, condonación, préstamo con tasa subsidiada resultante de una norma o decisión que establezca o haya establecido el Estado Nacional o alguna empresa con participación estatal mayoritaria”.
A partir de estas definiciones, el proyecto prohíbe al gobierno o algún organismo dependiente y a alguna empresa con participación estatal mayoritaria, la asistencia económica o financiera en casos de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor.
En ese sentido, Vallejo explicó que “los delitos económicos, la fuga de capitales y el fraude fiscal, que aparecen como trasfondo de este proyecto, generan enormes daños al conjunto de la sociedad, por más que lo hagan de manera silenciosa, gracias al ocultamiento planificado de uno de los mayores flagelos económicos que sufren las economías en la actualidad y particularmente las economías periféricas”.
“Existe una verdadera industria de la fuga, dedicada a montar estructuras societarias en guaridas fiscales, esas jurisdicciones opacas, muchas veces mal llamadas “paraísos fiscales”, un concepto que rechazamos rotundamente, porque no existe ninguna connotación positiva posible. Al contrario, lejos de constituir paraísos, son infiernos para los pueblos y, sin dudas, la cloaca de nuestro sistema económico, y explotar zonas grises de la legislación”, agregó la titular de la comisión de Finanzas.
Según datos publicados en mayo por la OCIPEX, Argentina es el quinto país con mayor volumen de evasión fiscal en el mundo y el 4to en relación PBI/evasión. Los únicos países que están por delante de Argentina son muy pequeños y pobres, por lo que el volumen de evasión es al menos veinte veces menor en esos países.
En Argentina tuvo muchas visibilidad Panama Papers por la aparición del expresidente Mauricio Macri como usuario de esas estructuras offshore, pero también existen otras como Swiss Leaks, Paradise Papers, Bahamas Leaks o Luxleaks – denunciadas por Hernán Arbizu en 2008- ; o la de AFIP durante el segundo mandato de la ex presidenta Cristina Fernández, por las cuentas no declaradas de residentes argentinos en el HSBC de Ginebra.