Marcos Peña salió a negar que después de octubre haya un nuevo ajuste. Lo dijo sin mucha convicción. Casi ninguna, podría apuntarse. Como cuando hablaba del «segundo semestre» o de los «brotes verdes». Ocurre que Cambiemos enfrenta con falso optimismo un panorama electoral que se le presenta muy complicado. Porque estas elecciones de medio término, donde vota la gente de carne y hueso -la que se sale de la planilla Excell y entra en el cuarto oscuro, son un plebiscito que va a medir la verdadera temperatura social en relación a la aplicación de su modelo. La pregunta es a quién le dice la verdad Peña, si a los millones de argentinos que hoy no llegan a fin de mes o al establishment que ha obtenido ganancias siderales en el último año y medio y todavía quiere incrementarlas.
En privado, los funcionarios admiten que al gobierno le falta volumen político para profundizar las reformas (regresivas) que Mauricio Macri tiene en mente desde que asumió la presidencia. El domingo pasado, desde su columna de opinión en el diario La Nación, titulada «Sin Plan B, Macri apuesta todo a un gran acuerdo de necesidad y urgencia», el periodista Jorge Liotti dejó expuesto el desafío de Cambiemos: «Pasar de una fase inicial de toma de control del poder, consolidación de la gobernabilidad y cambio conceptual del modelo económico, a otra etapa de profundización de reformas y transformación completa de la matriz productiva ( ) El proyecto que (Macri) siempre imaginó y que hasta ahora no pudo ejecutar por falta de caudal político.»
Liotti blanqueó las expectativas oficiales: «Un cambio del sistema tributario que desafiaría la endeble situación fiscal; una alteración de las condiciones laborales que pondrían en estado de guerra a los gremios; una revisión del esquema previsional que encendería la reacción social, y una reforma política que sacudiría a todos los partidos». Para hacer todo esto, Cambiemos necesita ganar en las próximas elecciones, es decir, revalidar en las urnas el voto de confianza de una mayoría social suficiente que legitime el ajuste, ese que Peña niega sin sonrojarse. «¿Y qué pasa si el oficialismo no gana?», se pregunta el periodista de La Nación. «La respuesta es uniforme: no hay Plan B», acota.
La estrategia, por ahora, es una: darle un carácter penal, policíaco, a la disputa con la Unidad Ciudadana de Cristina Kirchner, como se vio esta semana con el debate mediático por el desafuero de Julio De Vido, pedido por un fiscal boquense. El objetivo: alimentar el antikirchnerismo en sangre del votante que acompañó a Macri en el balotaje, y de paso correr el eje hasta volver invisible la discusión sobre el descalabro económico, verdadero Talón de Aquiles de la gestión. Sería algo así como tratar de imponer el factor moral subjetivo de la sociedad por sobre la materialidad objetiva que la hace padecer privaciones. Es una propuesta audaz. Sobre todo, porque Cambiemos compite contra Cambiemos. El aumento de la nafta, del gasoil, de las prepagas, de los servicios, refleja, de mínima, una administración impolítica de las propias necesidades políticas que tiene el gobierno.
El índice General de Expectativas Económicas que releva la consultora Kantar TNS revela una caída de dos puntos con respecto a abril. «El segmento etario más crítico o pesimista es el de 25 a 34 años», afirma la periodista de Clarín, Natalia Muscatelli, quien entrevistó a la politóloga Mercedes Ruiz Barrio, analista de Kantar. «Hay un declive en la confianza en la situación económica, laboral y futura. Especialmente, la futura», aseguró Ruiz Barrio. Estos datos se suman a los de otra consultora, Economía y Regiones, donde se advierte que «sin lugar a dudas, el actual peor comportamiento relativo al mercado laboral explica (en parte) el deterioro de las percepciones» de la población. Todo esto queda estampado en el Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad Torcuato Di Tella, que registra una caída del optimismo del 16,8% desde junio de 2015 al presente.
Es cierto que el gobierno cuenta con poderosos aliados para dar la pelea electoral. El aval a la fusión de Cablevisión y Telecom es la jugada superestructural más importante para garantizarse que las plataformas del Grupo Clarín sirvan a la estrategia policial de persecución hacia el kirchnerismo, que todavía sigue primero en las encuestas de Provincia de Buenos Aires. Pero la instalación de la corrupción como único eje de campaña puede ser un búmeran: son escasos los funcionarios de Cambiemos entre ellos, el propio presidente y hasta el jefe de la AFI que lograron evitar imputaciones delictivas en estos 19 meses. El caso del soterramiento del Sarmiento, con la sospechosa salida de Odebrecht de la UTE y el enchastre de la ley votada esta semana en el Congreso, no hace más que apuntalar la idea de que el macrismo, más que buscar transparencia, se está garantizando impunidad a futuro.
Como se ve, hay una notoria escasez de buenas noticias, principal insumo electoral de un gobierno a plebiscitar. La débil desmentida del ajuste que hizo Peña no alcanza para espantar los temores de la ciudadanía a verse esquilmada en proporciones mayores a las ya vistas. Porque ni siquiera los diarios amigables, como La Nación, ayudan en esta cruzada al oficialismo. En realidad, el jefe de Gabinete salió a hablar para bajarle el tono a un título catástrofe de ese diario («El gobierno prepara profundas reformas para después de octubre»), que expuso la inevitabilidad del ajuste post electoral en su bajada: «Plan. (El gobierno) elabora medidas en el caso de ganar las elecciones; incluye decisivos cambios laborales, tributarios, previsionales, judiciales y del sistema político».
Más salarios a la baja, menos impuestos a los que más tienen y viceversa, aumento de la edad jubilatoria, intervención en el fuero laboral pata atacar la litigiosidad, disciplinamiento sindical por vía de la represión o la judicialización de sus dirigentes (está el caso del canillita Omar Plaini, como ejemplo, esta semana) y dolarización completa de las tarifas de los servicios públicos. Traducido: se viene la segunda etapa del ajuste, que no va a ser gradual. «