Pese al rechazo generalizado y los pedidos de nulidad a la Justicia, comenzó esta mañana en el estadio José María Minella de Mar del Plata la audiencia pública que dispuso el gobierno de María Eugenia Vidal para poder avanzar con el aumento de la tarifa eléctrica que hoy está frenado en la Provincia.
El encuentro, del que participan unas 500 personas entre usuarios, funcionarios y representantes de las distribuidoras eléctricas, se desarrolla con una multitudinaria protesta de la CTA, la CGT y otras organizaciones políticas como telón de fondo.
Bajo la consigna Unidos contra el tarifazo, miles de manifestantes de esa central, de Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie, Movimiento Evita, Patria Grande y dirigentes del FpV marcharon desde las avenidas Juan B. Justo e Independencia hacia el estadio para denunciar que la audiencia es ilegal.
La audiencia fue convocada con el objetivo de completar los requisitos legales y poder así efectivizar los aumentos de entre 100% y 215% en las tarifas eléctricas que Vidal autorizó en el mes de febrero a las distribuidoras Edelap S.A, EDEN S.A, EDES S.A. y EDEA S.A. y las cooperativas que prestan el servicio en la provincia.
Hoy el aumento está frenado por un fallo del juez en lo contencioso y administrativo de La Plata, Luis Arias, quien declaró la nulidad de la Resolución 22 del Gobierno provincial al hacer lugar a la medida cautelar pedida por la ONG Colectivo de Acción en la Subalternidad. En su dictamen, el magistrado consideró que se advierte una lesión a los derechos de los usuarios, ya que previo a la entrada en vigencia de un nuevo régimen tarifario para un servicio público esencial y monopólico como el de autos, se requiere insoslayablemente la realización de una audiencia pública. El fallo fue apelado por la Fiscalía de Estado, pero la suspensión continuará hasta que la resolución cuente con sentencia firme.
En la audiencia de hoy, las autoridades del gobierno provincial explicarán los fundamentos económicos, técnicos y jurídicos del nuevo cuadro tarifario, así como la composición de la tarifa eléctrica y la naturaleza del incremento buscando cumplir con ese requisito legal. Tras el informe del gobierno provincial, expondrán los directivos de las distribuidoras Eden, Edea, Edes y Edelap, y las cooperativas prestadoras del servicio en el interior bonaerense, representadas por las cinco federaciones que las nuclean. Finalmente será el turno de los usuarios particulares y las asociaciones de consumidores, así como algunos intendentes y legisladores. La audiencia será filmada y documentada para ser presentada ante la Justicia.
El bloque de diputados provinciales del FPV-PJ había presentado una nota al Organismo de Control de Energía Eléctrica de Buenos Aires (OCEBA) para pedir la suspensión de la audiencia pública por considerar que «carece de andamiaje jurídico y su realización implica desconocer una resolución de la Justicia Federal» ya que la suba que quiere aplicar Vidal se basa en dos resoluciones del Ministerio de Energía y Minería de la Nación que no se encuentran vigentes en la provincia de Buenos Aires porque la justicia anuló la medida y aún no está definida la cuestión de fondo.