Los ministros de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, fueron convocados para este miércoles a una audiencia por el juez Roberto Gallardo en la causa en la que ordenó retirar el vallado y la custodia de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires de la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

No obstante, D’Alessandro anticipó su ausencia por considerar que, a partir de la recusación planteada por el Ejecutivo porteño contra el magistrado a cargo de este expediente, «queda sin efecto la audiencia» hasta que se resuelva esa cuestión.

El gobierno porteño formuló una recusación contra el juez Gallardo que no debería tener efecto sobre la audiencia fijada para las 9 porque fue presentada por vía remota cerca de las 18, fuera del horario judicial.

«Se requiere a las partes, demás personas citadas y prensa, que presten debida observancia a tal antelación temporaria, en razón de la capacidad limitada de la Sala de Audiencias, así como para evitar dilaciones innecesarias en el acto», solicitaron desde el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAYT) N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires, a través de un comunicado.

La citación

La audiencia fue dispuesta por el juez Gallardo al hacer lugar a una acción de amparo que pedía sacar el vallado colocado en torno al edificio donde vive la vicepresidenta y terminar con la presencia de efectivos de la Policía de la Ciudad de las inmediaciones del departamento.

El objetivo de la audiencia es escuchar las posiciones que tiene para expresar el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño en relación a su actuación y a las medidas dispuestas y también dar lugar a que se exprese la cartera de Seguridad Nacional dado que la custodia de la vicepresidenta depende de las fuerzas federales.

Gallardo ordenó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que «cese en forma inmediata» la «ejecución de cualquier operatoria policial directa o indirectamente vinculada con la custodia de la persona, familia y/o domicilio de la Señora Vicepresidenta de la Nación».

Lo hizo en relación a la decisión del Gobierno de CABA de colocar vallados y custodia de la policía ante las manifestaciones de apoyo a la vicepresidenta frente a su departamento del barrio porteño de Recoleta, a raíz de la acusación en su contra en el juicio por la obra pública en Santa Cruz.

El juez resolvió ante acciones de amparo presentadas por el dirigente Juan Grabois y la legisladora porteña Ofelia Fernández, entre otros.

Gallardo ratificó que, en base al régimen legal vigente, «la custodia de la persona y domicilio de la vicepresidenta sito en esta ciudad, están a cargo de las autoridades de seguridad federales, que deben ejercer a esos efectos la unidad de comando y la coordinación operativa con las fuerzas locales».

Además, dejó establecido que «la fuerza federal encargada de la custodia presidencial será la habilitada para determinar, en función de las eventualidades específicas, el radio territorial de cobertura y las modalidades que asuman los operativos de prevención y/o contención en su caso».

El magistrado porteño comunicó a D’Alessandro que la Policía de la Ciudad «deberá continuar normalmente con sus tareas de prevención y persecución del delito en las adyacencias del domicilio de autos, en el marco de sus competencias legales y sin interferir en las tareas que despliegue en lo sucesivo la custodia federal vicepresidencial».