La querella que representa a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en las causas por el intento de magnicidio en su contra pidió la indagatoria de Rossana Caputo, la mujer que contrató al líder de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal, Jonathan Morel, para la fabricación de muebles que “pueden haber sido la pantalla para financiar la violencia política”.
Los abogados José Ubeira y Marcos Aldazábal presentaron el viernes último el pedido al juez Marcelo Martínez de Giorgi, en el marco de la investigación sobre Revolución Federal que insólitamente discurre por separado del expediente por el intento de magnicidio. “Es necesario convocar a Rosana Caputo a prestar declaración indagatoria”.
Feliz coincidencia
El escrito describe una serie de episodios concatenados y situados en una línea de tiempo que confluyen en el atentado contra la vicepresidenta y los argumentos preparados de antemano para explicar la curiosa relación de Caputo Hermanos con Morel y desvincular a éste del intento de magnicidio.
“Hay tres posibilidades respecto de la contratación de Morel. Una es que no haya hecho los muebles, o parte de los muebles, y que todas las transferencias hayan tenido por objeto, simplemente, financiar a Revolución Federal. Otra es que el Grupo Caputo le haya sobrepagado los trabajos, para darle dinero para financiar a Revolución Federal. Otra es que los trabajos se hayan hecho, y que contratar a Morel haya sido una forma de ayudarlo a tener un sustento mientras organizaba Revolución Federal. Los muebles pueden haber sido la pantalla para entregarle dinero a Morel y, así, financiar la violencia política”.
El escrito, de unas 25 páginas, subraya que “la contratación de Jonathan Morel para la realización de la mueblería de Neuquén se dio en los meses en los que Revolución Federal comenzó a actuar públicamente y a practicar e incitar la violencia contra miembros del Frente de Todos”. Y precisa que “el gran caudal de dinero por parte de Caputo Hermanos hacia la carpintería comenzó a ingresar en el mes de mayo”. Un informe de la procuraduría contra el lavado de activos (PROCELAC) muestra que varios de los pagos de Caputo Hermanos a Morel “coinciden con diferentes actos violentos de Revolución Federal”.
“Mayo también fue el mes en el que Morel y Leonardo Sosa fundaron Revolución Federal: el 25 de mayo la agrupación tuvo su primera aparición pública. (…) Morel y sus socios recibieron varios millones el día antes. Sólo el 24 de mayo de 2022 se facturaron al fideicomiso Espacio Añelo, del Grupo Caputo, más de 2,4 millones de pesos”.
Explicaciones que nadie pidió
Los abogados de Cristina Kirchner resaltaron que entre los documentos hallados en los dispositivos electrónicos de Morel aparece uno que contiene una suerte de argumentación sobre su relación comercial, desde su pequeña carpintería creada a partir de un tutorial de YouTube, con una poderosa empresa del rubro de la construcción como Caputo Hermanos.
“Más allá de su potencial prolijidad, es muy extraña la presencia de un documento en que relata cómo ‘el investigado consiguió realizar el trabajo para el fideicomiso Espacio Añelo’. ¿Por qué Morel tendría preparada una explicación relativa al motivo para realizar un trabajo? Es bastante evidente que Morel sabía que su labor era injustificable”.
Algo similar ocurrió con Rossana Caputo. “Es inaudito que tenga fotos de Morel en Santa Clara al Sur (el country para el que habría realizado los primeros muebles en su ignota carpintería): tal como la explicación de Morel de cómo consiguió el trabajo que hay entre sus archivos, estas fotos parecen dar cuenta de que Caputo sabía que, eventualmente, tendría que dar explicaciones. Es que nadie le saca fotos a quien va a poner muebles a su casa. Como mucho, se le sacan fotos a los muebles instalados)”.
El carpintero que sí sabía de madera y la jubilada millonaria
Otra situación sobre la que puso la lupa la querella de la vicepresidenta se relaciona con Francisco Javier Aris, un carpintero real que aparece registrado en el rubro “instalaciones de carpintería, herrería de obra y artística (incluye instalación de puertas y ventanas, carpintería metálica y no metálica).
“Nos parece especialmente perturbadora la declaración de Aris, quien dijo que Morel lo contactaba por trabajos para Espacio Añelo pero que, desde el 30 de agosto de 2022, no le habló más. Esto, aun cuando Morel lo había contactado por otro trabajo. Esto es un indicio muy fuerte de que toda la estructura de pagos y contrataciones tenía que ver con Revolución Federal. Empezó cuando surgió Revolución Federal, y se esfumó cuando se desarmó la organización, tras el atentado fallido a la Vicepresidenta”.
En ese mismo contexto, el escrito subraya el rol de María Isabel Said, “quien no tenía ningún antecedente en carpintería y cuyo domicilio, como indicó la Policía de Seguridad Aeroportuaria, no tiene características propias a la de un local comercial y, además, no posee cartelería a la vista. (…) Es descabellado pensar que el Grupo Caputo S.A. acordó, sin problema, pagarle $3.450.393 a una persona sin antecedentes en mueblería, que estaría jubilada, y que no tiene siquiera un local comercial”.
Hay más. “Said facturó en julio por 3,5 millones de pesos, pero solo recibió acreditaciones bancarias en agosto por 350 mil pesos: es decir, diez veces menos de lo facturado” o, dicho de otra manera, un diez por ciento. ¿Una comisión?, ¿una gratificación por un servicio de pantalla?
“Lo que se desprende es que más de tres millones de pesos fueron pagados en efectivo. Que el dinero haya sido dado en efectivo hace mucho más difícil rastrearlo. Además, si Morel era el intermediario, lo más probable es que el dinero se lo hayan dado a él. Tener dinero no bancarizado permite realizar compras sin que quede registro. Es sumamente extraño que una empresa de la magnitud del Grupo Caputo se maneje con dinero no bancarizado”.
Karina Casanova Pettigrew | Socio
13 June 2023 - 08:31
Ya no se sostiene seguir conservando una "monarquía judicial" con el cuentito de la República y sus poderes "independientes". No más, hasta tanto se lleve a cabo una reforma judicial que le devuelva la legitimidad que ya no tiene.