Cristina Fernández de Kirchner definirá mañana con sus abogados una nueva presentación ante la jueza María Eugenia Capuchetti sobre material que ya está incorporado al expediente por el intento de magnicidio, al que probablemente no se le haya prestado (o querido prestar) la debida atención. Los abogados José Ubeira y Marcos Aldazábal trabajan en hermetismo, pero la presentación está lista y sólo resta la aprobación de la vicepresidenta.
Capuchetti, al rechazar la recusación en su contra, reveló en dosis homeopáticas aspectos hasta ahora desconocidos sobre lo que mostró la investigación. Por ejemplo, que la acusada Brenda Uliarte habló por teléfono el 4 de setiembre (el día que fue detenida, tres días después del intento de magnicidio) con un contacto agendado como «David». Del tenor de la charla surgió que podría ser «un agente de la DEA», la agencia antidrogas de Estados Unidos. Resultó ser «Miguel David Robles» y su domicilio, en la localidad bonaerense de Isidro Casanova, fue allanado el 2 de octubre «sin que se hayan obtenido elementos de interés para la investigación». Esa línea de investigación quedó trunca allí.
Como suelen hacer la mayoría de los jueces que son recusados y rechazan ese planteo, Capuchetti se sentó sobre el expediente a esperar que la Cámara Federal la ratifique. La decisión está en manos del camarista Leopoldo Bruglia, quien renunció –disgustado- a la Asociación de Magistrados porque no lo respaldó cuando el presidente, Alberto Fernández, lo cuestionó en un hilo de Twitter. Pero la misma Asociación salió a «solidarizarse» con Capuchetti «por el desprestigio personal e institucional a la que se ve sometida por los videos difundidos» por la vicepresidenta.
En la otra causa, la que investiga a Revolución Federal, el juez Marcelo Martínez de Giorgi busca la ruta del dinero que pudo haber financiado a la agrupación de ultraderecha.
Pese a que Comodoro Py insiste en que ese expediente y el de Capuchetti no están relacionados, Martínez de Giorgi recibió esta semana un reporte elaborado por el Área de Análisis del Centro Regional de Videovigilancia (CREV I) de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), sobre la base de registros fílmicos aportados por la Unidad Operacional Antiterrorismo (UOA). Son imágenes tomadas por las cámaras de seguridad de la Casa Militar de la Presidencia en las que Brenda Uliarte es captada en varios momentos de la denominada «Marcha de las Antorchas», en interrelación con otros manifestantes, entre ellos Jonathan Morel y Sabrina Basile, ambos procesados por Martínez de Giorgi. Uliarte se va del lugar acompañada por un hombre no identificable. ¿Pudo ser el fallido asesino de CFK Fernando Sabag Montiel?
El juez le pidió al Banco Comafi que «informe todas las cuentas que registre vinculadas al cliente Fideicomosio Espacio Añelo», de la empresa Caputo Hermanos, y precisiones sobre «las transferencias efectuadas desde su cuenta corriente en el período comprendido entre mayo de 2021 y la actualidad, a cuentas identificadas a nombre de Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra, Sabrina Basile, Ailén Vallero, Evelyn Balboa, Francisco Aris, Diego Patrignani, María Isabel Said, Sergio Cayetano Verde y las empresas Dormipol, Zetamix, Héctor Inocencio Di Rico, Gioluce y Cooperativa de Trabajo Los Artesanos SRL.
Es toda la línea de supuestos proveedores del mobiliario con el que la empresa cuyo titular es Flavio Caputo (hermano de Luis «Toto» Caputo, uno de los principales colaboradores del expresidente Mauricio Macri) dice haber equipado un edificio para trabajadores petroleros en Vaca Muerta.
A Morel se le encontró una tarjeta telefónica SIM de la empresa Tuenti, que ya fue enviada a peritar a la Oficina de Criminalística de la PSA, al mismo tiempo que se le requirió a la empresa Movistar «los datos de titularidad, línea telefónica vinculada y todo otro elemento que se cuente».
Martínez de Giorgi también le pidió al banco Santander Río información detallada sobre las cuentas de Patrignani, Aris y Morel. Ni Patrignani, ni Aris, tienen relación con la carpintería o la provisión de muebles para edificios, pero recibieron transferencias de dinero cuyo origen –todo indica– era de Caputo Hermanos.
Medidas similares dispuso sobre las cuentas en el Banco Patagonia de Ailen Vallero, abogada y supuesta socia de Morel en su carpintería, y de Evelyn Balboa, exnovia de Morel, en el Banco Provincia de Buenos Aires.
Martínez de Giorgi puso la lupa también sobre Sergio Cayetano Verde, quien supuestamente proveyó de banquetas y sillas al edificio de Vaca Muerta. Ya le fue allanado un domicilio en la localidad bonaerense de Pablo Podestá y otro en San Andrés, ante «la necesidad de profundizar sobre la actividad desarrollada» y «al único efecto de inspeccionar y tomar vistas fotográficas y/o video-filmaciones, en pos de establecer si se observa infraestructura y maquinaria acorde a los servicios que les habrían sido requeridos, directa o indirectamente, por el Fideicomiso Añelo».
El próximo miércoles, por la plataforma digital Zoom, declarará como testigo Emanuel Dahir, quien firmó como «responsable de obra» del edificio en la zona petrolera de Neuquén la aprobación de la instalación de todos los muebles que supuestamente gestionó y envió Jonathan Morel.
Tiempo contó esta semana que el juez constató que los muebles existen pero no está claro el origen ni cómo llegaron allí. La versión original fue que habían llegado en camiones que trasladaron la estructura del edificio (se construyó bajo la modalidad Steel Frame, edificio con alma de acero) pero la empresa Idero SRL desconoció que el mobiliario hubiera viajado en sus camiones. Hernán Vittino, gerente de Compras, explicó que «no realizaron el traslado de la parte mobiliaria, ni tampoco la compra de dichos muebles». Por eso fue llamado Dahir. Porque eso tampoco está claro. «
