La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) nacional ratificó este jueves el paro general en todo el país y la movilización hacia el Congreso del 6 de diciembre próximo en rechazo de las reformas laboral y previsional que ese paquete de medidas integra «un plan sistemático de eliminación de derechos conquistados durante más de un siglo».
Un documento del sindicato nacional que conduce Hugo Godoy aseveró: «Esa ofensiva procura introducir contenidos de flexibilización laboral en los convenios colectivos, continuando con los ejemplos de Vaca Muerta, la industria lechera, los metalúrgicos de Tierra del Fuego y el desfinanciamiento del sistema de seguridad social, que provocará la inmediata reducción de las contribuciones patronales».
También subrayó que el proyecto contempla modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) -contradiciendo lo señalado por la CGT- que implican reducir de forma sustancial las indemnizaciones por despido; favorecer la tercerización al eliminar la responsabilidad de las empresas principales en casi todos los supuestos; debilitar el principio de irrenunciabilidad; fortalecer la capacidad patronal de cambiar de manera arbitraria las condiciones laborales; desdibujar una jornada limitada de trabajo a través de la imposición del banco de horas y trabar el reclamo judicial de créditos laborales.
«La reforma plantea la necesidad de promover la liberación de las fuerzas de la producción y el trabajo de los mecanismos regulatorios y fenómenos distorsivos que impidan el desarrollo de las empresas como comunidades productivas, innovadoras, eficientes y competitivas. Incluye un cambio confiscatorio de la Ley de Movilidad Jubilatoria y la posible eliminación de los regímenes especiales, en particular de la docencia y los estatales provinciales; una reforma educativa que subordina la escuela y la universidad a las conveniencias empresarias y una Cobertura Única de Salud (CUS) que profundiza el vaciamiento del hospital público y allana la privatización», afirmó.
Godoy rechazó la reforma laboral y exigió el cese de los despidos y cierres; defendió los puestos de trabajo públicos y privados; demandó anular el impuesto a las ganancias y reivindicó la vigencia de los convenios colectivos y estatutos, a la vez que repudió las cláusulas de flexibilidad y productividad y pidió el pase a planta de los estatales.
También rechazó «la reforma educativa privatista» del Plan Maestro y la Escuela del futuro y «las pasantías de trabajo gratuito y precario para la juventud» y exigió la reposición de los aportes patronales, la defensa de los regímenes especiales, de la actual edad jubilatoria y del sistema público de salud y, por último, reclamó «la duplicación del salario mínimo, vital y móvil y la fijación de un haber equivalente a la canasta familiar».
