Por su parte la Comunidad Lof Lafken Winkul Mapu, que sufrió un feroz operativo de desalojo el jueves 23, indicó que Nahuel «fue cobardemente acribillado por la espalda”, mientras que «los dos detenidos se encuentran incomunicados en la Policía de Seguridad Aeroportuaria y son Lautaro Alejandro Gonzales y Fausto Horacio Jones Huala, quienes fueron brutalmente torturados luego de ser testigos claves del asesinato del weichafe caido y quienes lo trasladaron en ese momento cuando aun se encontraba con vida», denunció la comunidad mapuche, para responsabilizar al juez federal subrogante de Bariloche Gustavo Villanueva.

Moira Millan, de la comunidad Pïllan Mahuiza de Chubut, denunció que “desde la localidad de Esquel hasta Bariloche hay retenes de Gendarmería y policias en toda la ruta del lago Mascardi. Es un tremendo operativo por judicial, aunque el juez habia dicho que iban a parar el operativo en la noche. Tenemos desaparecidos, un asesinado y hay heridos de gravedad que no están bajando de la montaña por temor a represalias. Se está militarizando aun más la zona, están desplegando fuerzas represivas por toda la comarca y los heridos de gravedad no están recibiendo ninguna asistencia técnica».

Uno de los primeros indicios sobre el asesinato del joven fueron reportados el sábado a la noche por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional El Bolsón, que informó sobre las consecuencias del operativo que había ordenado el juez el 23 de noviembre, cuando ordenó el desalojo de la comunidad mapuche, con «una desmedida fuerza empleada por caso 400 efectivos de seguridad nacionales (Gendarmería, Policía Federal y Prefectura) para desalojar a treinta personas sin oposición alguna, a los tiros y destruyendo sus casas, despertándolos a las 6 de la mañana para el procedimiento, tirando sus pertenencias en la ruta».

En el operativo «se pudo constatar un brutal trato hacia cinco criaturas de 1, 2, 3 y 10 años que fueron alojadas en dependencias de la comisaría de la Policía Federal de Bariloche, y que por varias horas permanecieron sin personas adultas de sus familias». Los niños pudieron ser rescatados mediante un hábeas corpus presentado por los abogados.

Según la APDH en el desalojo «hubo tres personas que no fueron detenidas ya que se defendieron ocultándose en el bosque y la montaña». De acuerdo a la denuncia pública, el sábado 25 «las fuerzas federales cortaron la ruta 40 a la altura del Lago Gutiérrez y Río Villegas impidiendo el tránsito a primeras horas de la tarde. Cuando tomamos conocimiento de estos hechos represivos, el abogado Raúl Prytula fue al lugar y no pudo pasar el retén». El abogado de la APDH iba a la zona donde ya había muerto el joven Nahuel.