El fiscal que investiga el asesinato del joven futbolista de Barracas Central Lucas González pidió la detención de una funcionaria del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires por encubrir el crimen, pero el juez consideró “prematuro” el planteo. La funcionaria apuntada por el fiscal Leonel Gómez Barbella es la Jefa de División de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia y Seguridad, la abogada Silvia Alejandra Ozón. La funcionaria está acusada de haber enviado a una subalterna, Verónica Andraca, al lugar en el que fue asesinado Lucas González para “emprolijar” la escena, intentando simular un enfrentamiento armado que nunca existió.
Sin embargo, voceros del gobierno porteño hicieron trascender que Ozón “no es personal del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad” sino “personal civil de la Policía de la Ciudad y depende de la División Asuntos Penales y Contenciosos de la fuerza”. “Este cuerpo interviene cuando un efectivo policial se ve involucrado en un hecho. Tiene como función el asesoramiento legal del uniformado, que puede optar por usarlo o no”, añadieron.
En el expediente judicial, el cargo con el que figura Ozón es el de “Jefa de División de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia y Seguridad”. “Se ha logrado probar con los alcances de esta instancia que Silvia Ozón le ordenó su intervención a Verónica Andraca (quedó establecido que no lo hizo por una cuestión personal o unilateralmente)”, sostiene la acusación.
“Mientras se llevaba a cabo el encubrimiento y hasta que la Policía Federal Argentina se hiciera cargo (desplazando a la Policía de la Ciudad por orden judicial, ndr), las máximas autoridades policiales y ambas abogadas siempre mantuvieron intención y voluntad de sostener la falacia del enfrentamiento armado”, subrayó el fiscal. “Más allá de conocer acerca de la inexistencia de ese ataque a los efectivos policiales, permitieron continuar con esa hipótesis del caso y que se aporte falsa información y de ese modo que se prive de la libertad ilegítimamente a los menores que habían sufrido la agresión arbitraria”, remató.
Pero el juez Martín del Viso consideró que “no existen constancias que por el momento las relacionen a las distintas tipicidades que pone en juego el titular de la acción pública”. “No es posible acompañar la postura que asume sobre las abogadas, al menos hasta que se agreguen los informes finales pendientes”, añadió el magistrado, al rechazar las detenciones. La familia de Lucas González pidió este lunes el juicio político del juez Del Viso, por presuntamente haberse desviado de la línea de investigación que venía siguiendo a instancias del fiscal Gómez Barbella.
Ozón suscribió una nota interna identificada como NO-2021-35463901 el día en que fue asesinado Lucas González, el 17 de noviembre de 2021, a las 20.22 (el crimen fue en torno a las diez de la mañana) informando que había sido “solicitada la intervención del letrado de guardia de esta División Asuntos Penales y Contenciosos, a raíz de un enfrentamiento armado sostenido por el personal policial mencionado en el epígrafe en este ámbito citadino”.
La nota describe el crimen de Lucas González indicando que los tres policías de la Ciudad acusados, Gabriel Isassi, Fabián López y José Nievas, “observaron que desde el interior del automotor implicado uno de los pasajeros esgrimía un arma de fuego”. “Al impartir la voz de alto, los cacos emprendieron la fuga embistiendo al personal interviniente. Frente a esta circunstancia, los encartados no tuvieron más alternativa que repeler la ilegítima e inminente agresión efectuando detonaciones con su armamento provisto al tiempo que emitieron alerta radial”, narró la nota de Ozón.
