Pese a la proclamada política de recortes en la administración pública, el gobierno creó un nuevo organismo de Derechos Humanos dentro del Ministerio de Justicia y puso al frente a una funcionaria que fue denunciada por trabajadores estatales porque mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) trataba la detención ilegal de Milagro Sala tomó una foto de la líder de la Tupac Amaru y la estrujó. La funcionaria en cuestión es Ana Romina Sarmiento, quien viene desempeñándose como directora nacional de Cultura Cívica en Derechos Humanos, y ahora subirá a la Categoría A, la más alta del escalafón público. No está claro con qué presupuesto contará, pues el artículo sexto de la resolución indica de manera genérica que «el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a los créditos vigentes» del Ministerio de Justicia.
El Ministerio de Justicia publicó el jueves pasado la Resolución 202/2018, mediante la cual creó una nueva «unidad ejecutora especial», que tendrá vigencia hasta el final del mandato de Cambiemos, en diciembre de 2019. Así, la «Unidad de Cultura Cívica en Derechos Humanos» funcionará «en la órbita de la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural» de la cartera de Justicia. ¿Para qué fue creada? Según la resolución, para «asistir y asesorar en lo vinculado a la consolidación de una cultura cívica en Derechos Humanos, en el marco de uno de los ejes del Plan Nacional de Acción». La fundamentación añade que la funcionaria Sarmiento «reúne los requisitos de idoneidad y experiencia necesaria para cumplir eficientemente con las responsabilidades y funciones».
El jueves 23 de marzo de 2017, según publicó el periodista Horacio Verbitsky en el diario Página/12, en la Secretaría de Derechos Humanos, encabezada por Claudio Avruj, Romina Sarmiento «tomó una imagen impresa de Milagro Sala y la rasgó en claro gesto de desprecio». Los delegados de ATE en Justicia añade el texto «redactaron una nota de protesta, en la que solicitaron que se le aplicara una sanción, pero la secretaria de Promoción, Marisa Frescó, se negó a recibirla».
Tras ese episodio, Sarmiento fue defendida públicamente por una página de Internet que califica a la Argentina como «país terrorista» porque «mantiene ilegalmente en prisión y acelera su muerte a quienes los combatieron». Alude, claro está, a los condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura.
Sarmiento acompaña al actual gobierno desde los tiempos en que Mauricio Macri era jefe de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. Según explica su propio perfil en la red social LinkedIn, trabajó diez meses en 2015 en la Legislatura porteña hasta que asumió con Garavano en Justicia. La experiencia más cercana a los Derechos Humanos, según su propio currículum, fue la participación, durante un mes, en un «Programa de Intercambio entre ACJ/YMCA Argentina y EJ-YMCA Palestina, para un Programa de Desarrollo Juvenil. (Palestina/Israel2014». Pero declara un máster en Derechos Humanos en la UBA. «
