Desde que el Gobierno y el triunvirato que conduce la CGT se juntaron por primera vez, la modificación de la ley de ART fue parte de la discusión. Pese a que las negociaciones se extendieron a lo largo de casi todo el semestre de 2015, el Gobierno decidió, un vez más, desentenderse de los acuerdos con la central obrera y modificar por decreto la ley de accidentes de trabajo.

El oficialismo había logrado que la CGT avalara las modificaciones, que se presentan como una herramienta para bajar la litigiosidad, a cambio de la promesa de una ley que se trataría en paralelo que mejoraría la prevención de los accidentes. De ese manera, Cambiemos logró el aval del Senado. En ese marco, el Gobierno señaló que “no puede esperar los tiempos parlamentarios” y decidió avanzar por decreto.

El decreto que modifica la norma establece que las denominadas Comisiones Médicas Jurisdiccionales serán “la instancia única, con carácter obligatorio y excluyente de toda otra actuación, para que el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, solicite u homologue el otorgamiento de las prestaciones dinerarias, en forma previa a dar curso a cualquier acción judicial”.

Además, les fija un plazo máximo de “60 días hábiles administrativos para expedirse” y prevé que ese plazo “será prorrogable por cuestiones de hecho relacionadas con la acreditación del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, debidamente fundadas”, en tanto “la demora injustificada que pudiere imputarse a la respectiva Comisión Médica Jurisdiccional hará incurrir en falta grave a los responsables”.

Ante la decisión del Gobierno, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, explicó que el contenido del decreto ha sido “conversado con los dirigentes de la CGT y estamos todos de acuerdo”, y detalló: “Lo que se ha puesto en el decreto es la media sanción que salió del Senado, que tenía acuerdo en general con la CGT”.

En tanto, sobre el acuerdo al que se había llegado con la CGT, Triaca dijo: “Por supuesto, la CGT nos reclama que avancemos con una ley de prevención en la que ya estamos trabajando en un borrador”.

El secretario de Prensa y Comunicación de la CGT, Jorge Sola, si bien no cuestionó la modificación si lo hizo con las formas. «No se dan las condiciones de excepcionalidad para que el decreto se dé”, señaló y detalló que la CGT esperaba el tratamiento de Diputados para modificar la media sanción del Senado.

Desde la UCR también cuestionaron la utilización de un DNU para modificar la ley de de ART. El diputado Ricardo Alfonsín advirtió que la modificación por decreto es “un acto claramente contrario al principio republicano de la división de poderes. No se dan las circunstancias graves y excepcionales que habilitan al Ejecutivo a realizar actos que son competencia exclusiva del Congreso”.

“Por actos como estos, cuestionábamos severamente a la anterior gestión. Reparar el daño que había sufrido la República, fue la razón de ser de Cambiemos”, señaló Alfonsín y advirtió: “Nuevamente han asesorado mal al Presidente. Espero que mi partido se manifieste y se pueda rectificar el error”.

Por su parte, Héctor Recalde, presidente de la bancada del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados, señaló: “Si realmente consideraba importante, trascendente y tenía razones de urgencia, tiene la facultad de citar a extraordinarias al Congreso para su tratamiento. Es un gobierno con un sesgo autoritario”.

En cuanto a la modificación Recalde sentenció: “Lo restrictivo es que se le dan facultades a las comisiones médicas como si fueran tribunales. Y realmente la experiencia nos indica que el trabajador sometido a ese sistema sufre una Vía Crucis. Las ART son empresas con fines de lucro y no está mal sea así, lo que pasa es que cuando se mezcla con la seguridad social se da un cortocircuito. Estas ART, a los médicos, les dan 20 minutos para que diagnostiquen o declaren incapacidad de trabajo. Entonces, cuando se mezcla el lucro ahí se produce el cortocircuito. Es una ley que empezó con la flexibilización laboral del 91 y se profundizó en el 95”.