Los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvina Majdalani, serán indagados por tercera vez por el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé en la causa por espionaje ilegal a personas detenidas en los penales de Ezeiza y Marcos Paz, en su mayoría exfuncionarios del gobierno de Cristina Fernández.
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El primero en declarar este miércoles fue Arribas, titular de la agencia durante los 4 años de gobierno de Mauricio Macri. Su segunda, Majdalani, declara el jueves a la misma hora, sospechada de haber dado la orden de colocar cámaras y micrófonos en pabellones del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y del Bonaerense (SPB).
«Quiero comenzar negando terminantemente haber cometido algún delito, nunca ordené, promoví ni convalidé actividades de inteligencia ilegal durante mi gestión y nunca me fueron pedidas u ordenadas por persona alguna», sostuvo Arribaseste miércoles e insistió con su postura de no responder preguntas.
Se trata de la cuarta indagatoria a los responsables de la AFI del gobierno de Mauricio Macri por supuestas maniobras de espionaje ilegal, dos veces ante el juez Augé (por el caso del Instituto Patria y por inteligencia prohibida contra dirigentes de toda índole) y otra ante el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla en el marco del caso D´Alessio.
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A Arribas y Majdalani declaran justo después de que declararan los exespías que, a mediados de 2018, se encargaron de «cablear» la alcaidía de Melchor Romero, en La Plata: todos confirmaron la colocación de elementos de registro audiovisual.
La semana pasada, el exjefe del Departamento de Operaciones Técnicas de la AFI, que dependía de Contrainteligencia, Fernando Wahler, confirmó ante la justicia que se habían colocado cámaras y grabadores en Melchor Romero por orden del exjefe de Operaciones Especial, Alan Ruiz, quien le habría referido que recibió el encargo de la «señora 8», en alusión a Majdalani.
«Me solicita el pedido de instalación de equipamiento de audio y video para el establecimiento carcelario en cuestión fundamentando esa petición en la existencia de un convenio entre ambos organismos (el servicio penitenciario bonaerense y la AFI) a los fines de brindar una colaboración», sostuvo el imputado.
La coartada del supuesto «convenio» de colaboración choca en el expediente con un dato que lo desarticula: el cableado que había comenzado a ser tendido el 8 de agosto de 2018 debió ser retirado el 24 del mismo mes cuando fue detectado por personal de la Alcaidía que elevó una queja ante la directora que exigió que lo quitaran.
Los micrófonos y las cámaras espías colocadas en Melchor Romero fueron compradas con dinero de la AFI, mientras los agentes que las colocaron se habían presentado en el penal como miembros del Ministerio de Justicia, según surge del expediente judicial al que accedió esta agencia.
Días atrás también declaró el extitular del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Emiliano Blanco, quien descargó las eventuales responsabilidades por el espionaje ilegal en el subdirector del organismo, Sabino Oscar Guaymas, en un escrito que presentó ante el juez Augé.
