La visita voluntaria a la Cámara de Diputados que hizo esta semana el ministro de Economía, Martín Guzmán, puso en marcha la relojería legislativa que comenzará a girar en torno a la renegociación de la deuda externa. El funcionario confirmó que el 1° de marzo, cuando Alberto Fernández ofrezca su discurso inaugural ante la Asamblea Legislativa, el bloque oficialista comenzará a definir las autoridades de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa, uno de los lugares del Congreso donde, según dijo Guzmán, el Ejecutivo buscará involucrar a la oposición en la negociación que comenzó en privado antes de fin de año, pero que estrena su fase pública con la comparecencia de Guzmán ante los diputados.

Mientras el oficialismo diseña la estrategia para los próximos meses, la oposición espera que así como fue ahora al Congreso en forma voluntaria, el ministro comparezca cuando le pida a los legisladores y senadores el aval para sellar el resultado final de la negociación.

La fecha dependerá de la marcha de las negociaciones, pero hay un jugador de la contienda que ya puso en marcha su maquinaria de lobby. Se trata de una foto conocida: los tenedores locales y extranjeros de bonos argentinos en dólares que buscarán incidir en forma directa e indirecta sobre el proceso que conduce la cartera económica. Ésa es la evaluación que manejan en el Ministerio de Economía sobre los movimientos previos al tramo más caliente de un proceso, donde esos mismos fondos ya hicieron sentir su peso en la provincia de Buenos Aires, durante el intento fallido del gobernador Axel Kicillof de postergar los primeros vencimientos del año.

Una alta fuente oficial confió a Tiempo que algunas de las firmas acreedoras ya comenzaron contactos con consultoras y formadores de opinión para regresar a una contienda política y mediática que tuvo sus momentos más álgidos en 2014, cuando operó la American Task Force Argentina (ATFA), «una alianza de organizaciones unida para un acuerdo justo y equitativo del incumplimiento de la deuda de 2001 y la posterior reestructuración de la deuda del gobierno argentino», financiada principalmente por el fondo Elliott Associates, L.P., del magnate republicano Paul Singer, el mayor litigante contra Argentina dentro del caso que llevaba el juez neoyorkino Thomas Griesa. Falta un trecho para la etapa de la posible guerra judicial con los bonistas que se resistan a la renegociación, pero la contienda transitará en el Congreso su etapa previa, donde el elenco de acreedores de esta etapa de endeudamiento argentino buscará interlocutores.

La misión correrá por cuenta de lobbystas y también de consultoras que tienen a fuerzas políticas oficialistas y opositoras en su portfolio de clientes.

La arquitectura del cabildeo que se avecina tendrá su epicentro en el Congreso y especialmente en Diputados, donde el bloque de Cambiemos cuenta con 116 voluntades y un peso que ya hizo valer con los 99 votos opositores que sumó el proyecto oficialista para autorizar la renegociación de la deuda, a pedido del Ejecutivo para exhibir el apoyo opositor ante el FMI y Wall Street. 

El pasilleo de los acreedores no sólo buscaría reanimar relaciones que llegaron a contar con la entonces diputada y exfuncionaria, Laura Alonso, o la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

También golpearán las puertas de los minibloques que suman 18 votos determinantes y los despachos oficialistas, para explorar las porosidades de una coalición que pondrá a prueba su futuro con la renegociación de la deuda externa.