Se trata del secuestro de armas más importante de la historia», supo exagerar el comunicado del Ministerio de Seguridad. Armas de todo tipo (alrededor de 2500 unidades), además de pólvora, municiones, granadas, minas e incluso piezas de artillería antiaérea. Tal fue la cosecha de 52 allanamientos realizados por la Gendarmería Nacional (en Buenos Aires, Córdoba, Río Negro, Santa Fe y Santiago del Estero), que se completó con 23 detenidos, tras una inteligencia previa de casi dos años. Como es su costumbre, a la ministra Patricia Bullrich –acompañada esta vez por su par de Defensa, Oscar Aguad– no se le movió un solo músculo del rostro al atribuirse la autoría de semejante hazaña (bautizada «Operación Palak» en homenaje al barco portugués involucrado en el asunto), aunque no sin reconocer el apoyo de la AFI, la AFIP y la ANMAC (Agencia Nacional de Materiales Controlados) en su rutilante resultado.

En realidad todo fue una «operación controlada» del Homeland Security Investigation (HSI), la agencia policial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, en su sigla inglesa), según aclaró a esa misma hora en Miami su director adjunto, Mattehew Albence, secundado por el agente especial a cargo de la pesquisa, Anthony Salisbury. El tipo dijo que las piezas desarmadas de aquel gigantesco arsenal se triangulaban desde Norteamérica y Europa hacia Argentina, donde se ensamblaban, para luego ser enviadas a la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero, y finalmente a Brasil. También informó que sus destinatarios eran las dos organizaciones criminales más poderosas de aquel país: el Comando Vermelho  y el Primer Comando de la Capital. Cabe observar que, repentinamente –después de que un asistente le cuchicheara algo al oído–, el funcionario se vio obligado a dejar en claro que rol de la Gendarmería argentina en la cuestión había sido “subalterno”.

Todo parecería sugerir que el HSI puso su radar sobre la sistematización del contrabando de armamento pesado en el Cono Sur debido a dos notables episodios: la espectacular ejecución en Pedro Juan Caballero, del narco Jorge Rafaat Toumani, (a) «O Rei do Tráfego na Fronteira», en virtud de una guerra entre cárteles brasileños. Y el cinematográfico asalto en Ciudad del Este a la empresa Prosegur, dedicada al transporte de caudales.

En el primer hecho, la carrocería blindada de la camioneta Hummer del pobre Rafaat quedó como un queso gruyere, en julio de 2016, al ser perforado por más de 400 proyectiles calibre 50 salidos de una ametralladora Browning para derribar aviones, montada en una Toyota. El segundo hecho contó con la participación de aproximadamente 50 pistoleros, quienes (armados con fusiles Colt M4 y AK 47, entre otras delicatessen con gatillo, además de morteros, granadas y explosivos), quienes con dinamita redujeron a escombros la sede de la compañía. Aquello sucedió el 23 de abril de 2017.

Dicha fecha coincide con la época del inicio de la pesquisa señalada por  mister Albence. Pero sin aportar más datos al respecto. 

Mientras tanto, en Buenos Aires, el ministro Aguad bailaba en una pata. Acababa de ser felicitado por el jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, almirante Craig Faller, de visita en el país.

Y pegado a la también jubilosa señora Bullrich, expresó su deseo de que el material incautado pase a engrosar el inventario del Ejército. Entonces dijo que  «la ocupación de la frontera norte por las Fuerzas Armadas se justifica frente a esto». Y que «no hay policías ni militares implicados en la causa».

Pero olvidó mencionar el embarazoso caso de un subordinado suyo: el abogado Diego Martín Bollati, nada menos que el jefe de Contrataciones del Instituto Geográfico Militar (que depende de Defensa).

Cordobés como Aguad, con quien mantiene una añeja amistad, al igual que su padre, don Arnaldo Cristóbal, de 76 años (ahora también detenido), ese hombre es un ex militar con una profusa actividad empresarial vinculada a las Fuerzas Armadas en el rubro armamentístico.

Con el papá regenteó por muchos años el polvorín de la Fuerza Aérea, situado en la ruta 20, a la salida de la capital cordobesa. De hecho, ambos son los responsables de la firma Tala SA, cuya potestad sobre aquel predio de 104 hectáreas estaba asentaba en un contrato en comodato. Esa empresa, dedicada –entre otros menesteres– a la fabricación de bombas para aviones de combate y proyectiles calibre 20 milímetros, aún está en pie. Los Bollati conservaban su acceso a la instalación militar. Y se cree que de allí habría salido todo tipo de explosivos para abastecer a la banda internacional de traficantes de armas.

Además, según el Boletín Oficial, ellos (sólo con un capital de 100 mil pesos) constituyeron el 23 de febrero de 2016 la empresa Industria Militar SA, cuyo objeto es la «fabricación, compra-venta, almacenamiento y exportación de armas, municiones, explosivos y otros elementos de uso militar destinados a la Defensa Nacional».

Esta pyme de los Bollati –según una fuente militar– habría multiplicado sus prestaciones a la FF AA al comenzar el segundo semestre de 2017. Cabe recordar que la designación de Aguad en Defensa se produjo el 17 de julio de ese año. Poco después, Diego Martín fue sumado a la lista de sus funcionarios.

El miércoles pasado, aprisionado por cámaras y micrófonos, el ministro elogió la «Operación Palak» con las siguientes palabras: «Este es el comienzo de una ramificación más importante». Si él lo dice… «