Ariel Zanchetta, el expolicía detenido como supuesto «agente inorgánico» de los servicios de inteligencia que hacía espionaje ilegal, escribió en su currículum vitae que trabajaba (hasta que fue detenido) para el Grupo Clarín. «Relación laboral actual: corresponsal y colaborador para el diario del grupo Clarín de Buenos Aires, CABA», dice el documento hallado en su computadora.
Todo indica que el dato es falso. También aseguró que fue «asesor ad hoc ante la Excelentísima Cámara de Diputados de la Nación en la Comisión de Seguimiento de Seguridad e Inteligencia hasta el 10/12/2017». Tal Comisión no existe; sí existe la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación. El fiscal Gerardo Pollicita consultó si Zanchetta había sido asesor o cualquier otra cosa allí, pero la respuesta fue negativa.
Pollicita no consultó al Grupo Clarín si Zanchetta tenía alguna relación laboral, tal como lo consignó en su CV. Tal vez no lo consideró necesario.
Zanchetta parece la versión actualizada (aunque tal vez sea anterior) del falso abogado Marcelo D’Alessio. Sus informes, prácticas y métodos son casi calcados.
¿De dónde surge que Zanchetta, quien no tiene ningún antecedente en el Registro de Reincidencia, fue un «agente inorgánico» de la SIDE al menos entre 2009 y 2015, como dice el dictamen de Pollicita? El mote de «inorgánico» se lo puso el fiscal basado en el currículum vitae (sí, el mismo en el que dijo que era periodista de Clarín y exasesor de la bicameral de inteligencia). El fiscal dio por sentado que ello era así «más allá de que los organismos públicos oficiados no reconocieron a Ariel Pedro Zanchetta como agente de inteligencia». Si un organismo público le miente a una requisitoria del Poder Judicial comete un delito. De hecho, cuando a esos mismos organismos públicos se los consultó sobre Marcelo D’Alessio la respuesta también fue negativa: nadie lo conocía, pero ningún dictamen ni resolución judicial lo llamó «agente inorgánico de la AFI».
Para el fiscal Pollicita, «los elementos probatorios demuestran que Zanchetta, en forma previa a los hechos que conforman el objeto de la presente pesquisa, cumplió funciones como ‘agente inorgánico’ o ‘colaborador’ al menos entre los años 2009 y 2015 de la Secretaría de Inteligencia de la Nación». Entre los «elementos probatorios» enumeró que «en el interior de la notebook Toshiba secuestrada en su domicilio, un documento de Word13 en el que el imputado describe lo que sería un resumen de sus comienzos como miembro inorgánico de la Secretaría de Inteligencia».
¿Qué era Zanchetta? Su existencia, como la de D’Alessio, muestran claramente que sí existen los «cuentapropistas» del espionaje. Pero no en la modalidad en que la Cámara Federal porteña inventó esa categoría para neutralizar –primero– y pulverizar –próximamente– la causa por espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos. Aquellos agentes considerados «cuentapropistas» habían sido contratados durante la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani y cobraban un sueldo de la AFI; los Zanchetta y los D’Alessio tenían otras fuentes de financiamiento.
Allí aparece en escena el directivo de la AFIP y exfuncionario bonaerense Fabián «Conu» Rodríguez. El fiscal sostiene que Rodríguez requería los «servicios» de Zanchetta (en el caso concreto, sobre la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz) y le pagaba a través de la concesión de pauta publicitaria oficial para su portal Enclave.ar, de la localidad bonaerense de Junín. El sitio web de Zanchetta también recibía publicidad oficial de la Municipalidad de San Isidro, todavía a cargo de Gustavo Posse: «98 mil pesos por mes de mayo a octubre de 2023», según el dictamen de Pollicita. ¿Qué quería difundir o promocionar San Isidro en Junín?
Zanchetta declaró que además de su portal escribía (con groseras faltas de ortografía) para otros tres medios de internet: Realpolitik, Agencia Nova y Dixitp, de las que cobraba por mes 39 mil, 25 mil y diez mil pesos respectivamente. Además, consignó que percibe unos 370 mil pesos como retirado de la Policía Federal y «algo de publicidad y pautas de aproximadamente cien mil pesos mensuales».
El fiscal considera «acreditado» que Zanchetta «no habría desplegado su actividad en soledad sino que ‘reportaba’ parte de su actividad a terceros y realizaba algunas de estas conductas por ‘pedido’ de otros, personas cuya identificación está en curso, por lo que no se descarta realizar futuras presentaciones con los datos de aquellos que colaboraron, instigaron o participaron de cualquier modo, y su convocatoria a proceso según la responsabilidad que les corresponda a cada caso».
Es curioso: el fiscal reconoce que hay más nombres pero sólo consignó uno, el de Rodríguez. El otro (que escandaliza a un sector de la prensa) es el del diputado oficialista Rodolfo Tailhade, a quien Pollicita no mencionó siquiera una vez en su dictamen. Sólo aparece en un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), que depende… de la Corte Suprema de Justicia.
¿Quiénes son las «personas cuya identificación está en curso? Zanchetta tenía informes de inteligencia similares a los hallados en las computadoras de D’Alessio sobre personajes con ideologías y afinidades antagónicas: Horacio Rodríguez y Axel Kicillof; Gerardo Morales y Jorge Capitanich, Elisa Carrió y Máximo Kirchner; Julio Zamora y Malena Galmarini, Martín Insaurralde y Gerardo Milman; Baby Etchecopar y Pablo Duggan; Angelo Calcaterra y Ernesto Clarens; Marcelo Tinelli y Alfredo Coto, El Dipy y Teresa Parodi. La lista es extensísima.
Sobre la situación de Rodríguez, el juez Marcelo Martínez de Giorgi le puso un límite al fiscal, quien había conseguido un efímero título de portales con su pedido de detención al dirigente de La Cámpora con un argumento difícil de calificar: no se había presentado en Tribunales, cuando en realidad nadie lo había llamado. Ni siquiera Pollicita lo había propuesto.
Del expediente no surge claramente cómo apareció Zanchetta en una investigación de supuestos hackers misioneros que se metieron adentro de los teléfonos de jueces de Comodoro Py. No hay un hilo que los una ni tampoco, hasta ahora, elementos de prueba que los vinculen. Y todavía buscan identificar a usuarios de la red de chat Telegram consignados como «Pr1sox», «elJuanxd», «ASHLucif», «Papitochulo», «papiASH», «boludeada» y «pibetranki».
«Conu» Rodríguez tiene garantizada la buena fe en el proceso y sus abogados planean una defensa técnica, descontaminada de las lecturas políticas (si es que ello fuera posible en este escenario). Rodríguez entregó el viernes su teléfono celular en el juzgado. Allí aparecerán más contactos con Zanchetta, que el funcionario cree poder justificar en una indagatoria, que –a estas alturas se insinúa– como ineludible. «