Los trabajadores públicos vuelven a estar bajo la mira de gobierno, que a partir de los lineamientos de la Ley de Responsabilidad Fiscal pactada con las provincias, intentará reducir los planteles de personal del Estado en sus tres estamentos: nacional, provincial y municipal. A pesar de lo que sostienen las usinas neoliberales, a la hora de comparar con otros países, Argentina se mantiene en niveles medios, muy por debajo de algunos estados europeos. En tanto, mientras se pone la lupa en los trabajadores rasos del Estado, Mauricio Macri aumentó la cantidad de ministerios de 16 a 21, con sus consiguientes designaciones de secretarías y direcciones de área, política que sigue vigente: este viernes creó el cargo coordinador general de Comunicación Estratégica de la Secretaría de Deportes, equiparable al de un subsecretario, para su amigo Fernando Marín.
Según un estudio de 2015 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organismo al que la administración Macri aspira a pertenecer, el promedio de empleo público en relación al empleo total de los 35 países que lo integran es de 21,3 por ciento. Mientras que en los Estados nórdicos asciende al 30%, en países como Chile o México baja al 10 por ciento. El director general del Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo (OETEC), Federico Bernal, comparó los porcentajes con los de la Argentina, que quedó ubicada en el medio con el 17,5 por ciento.
A su vez, según datos del Ministerio de Trabajo y la AFIP, sistematizados por el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO), en agosto de 2017 se registraban 12.204.800 trabajadores en blanco, de los cuales 8.631.300, un 70% pertenece, al sector privado, y el resto al sector público, donde se cuenta una mayoría de monotributistas, modalidad de que se usa en las cooperativas de trabajo del Estado. Este estudio no contabiliza el empleo en negro, por lo que el porcentaje de trabajadores estatales es menor todavía.
Caros altos cargos
Uno de los indicadores que pasan la media de la región son los sueldos de los funcionarios de primera línea. Según la OCDE, el promedio de remuneraciones de los cargos de directores del sector público argentino llega al 6,4 veces el PBI per cápita, mientras que la media de América Latina es de 5,6, y en los países integrantes de la OCDE es de 3,1 veces.
De hecho, la gestión Macri agregó cinco ministros al Gabinete, con su consiguiente creación de secretarías y direcciones, todos cargos nuevos y altos. Según la Fundación Libertad y Progreso, además de los 21 ministerios, hay 87 secretarías, 207 subsecretarías y 687 direcciones.
De hecho, luego de los anuncios de esta semana del ministro Andrés Ibarra, quien prometió «desburocratizar el Estado», Macri, tal como se mencionó, creó un puesto para Fernando Marín, su amigo de 78 años de edad.
Nadie sobra
La doctora en Ciencias Sociales, especialista en políticas de Estado, Claudia Bernazza, desmitifica el preconcepto de que sobran templeados públicos. «No es que hay muchos o pocos trabajadores. No hay manual que pueda decirle a un pueblo qué Estado tiene que tener, con qué plantel contar. El Estado es una construcción histórica proyectiva, que depende del proyecto de gobierno que tiene un pueblo. No existe un modelo ideal de Estado a alcanzar, pero sí la racionalidad que tiene que seguir cada gobierno es que el aparato del Estado responda a ese proyecto de gobierno.
En un sentido similar opina Agustín Pineau, politólogo de CESO. «La ampliación del sector público durante el kirchnerismo se da en gran parte por estatizaciones y la creación de universidades públicas nacionales. Se necesita un área de gestión y dotación de personal en función de las áreas que se quieran promover», asegura.
Las provincias
A nivel provincial, según el ministerio de Trabajo, hay siete distritos en los que los trabajadores estatales fueron mayoría respecto de los del sector privado: Corrientes (51% del total), Chaco (58%), Santiago del Estero (60%), Jujuy (62%), La Rioja (67%), Catamarca (69%) y Formosa (69 por ciento).
Las administraciones provinciales tienen a su cargo las prestaciones de salud, educación y fuerzas de seguridad locales. Además de la administración pública, también se cuentan docentes, policías y médicos y personal sanitario. Es por eso que Bernazza sostiene: «Si hay un Estado que brinda servicios de seguridad, salud y educación es obvio que necesita más empleados. Y si hay provincias con retraso en sus economías regionales es normal que el Estado asuma el rol de empleador, eso no es un problema sino una solución de coyuntura ya que no hay un mercado que reciba a esos trabajadores». Y agrega: «No hay que culpar al «Estado porque recibe más gente en provincias con economías deprimidas. De hecho, si es un Estado que trata de promover el empleo a través de cooperativas, el Estado ocupa el lugar del mercado. Si se implementa un modelo de Estado con empresas públicas que trata de incidir en la economía, es lógico que va a tener más empleados». «
