Cuatro funcionarios del Ministerio de Defensa fueron procesados por la frustrada contratación de una empresa para la búsqueda del submarino ARA San Juan, en un expediente plagado de irregularidades que, según el juez Marcelo Martínez De Giorgi, no podían haber ignorado. Los procesamientos recayeron sobre los evaluadores de las ofertas para el hallazgo de la nave naufragada Héctor Raúl Horisberger, Marcelo Gustavo Dip y Rogelio Alfredo García Bastitta, y el supervisor Pablo Alberto Longhi, cuyos bienes además fueron embargados hasta cubrir la suma de un millón de pesos cada uno.
Los cuatro fueron procesados por “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público” pues –según el fallo, al que tuvo acceso Tiempo- “recomendaron el día 1° de junio de 2018, la adjudicación de la firma IGEOTEST GEOSCIENCES SL omitiendo las cláusulas particulares” establecidas entre los requisitos para acceder a la búsqueda del submarino.
La empresa, según se desprende de la resolución, no estaba en condiciones técnicas para acceder al contrato. Finalmente, fue descartada y el Ministerio de Defensa le encargó la tarea a Ocean Infinity, que finalmente halló a la nave sumergida. Pero el fallo destaca que IGEOTEST GEOSCIENCES SL “habría resultado adjudicataria de continuarse con el procedimiento”. Y si bien es contra fáctico, tal vez hoy el ARA San Juan seguiría perdido en las profundidades del Océano.
La denuncia sobre las irregularidades en el proceso de contratación de IGEOTEST GEOSCIENCES SL fue formulada por la abogada Valeria Carreras, apoderada de familiares de víctimas del naufragio.
Sobre la base de prueba que ella aportó, el juez Martínez de Giorgi concluyó que “la Comisión Evaluadora se apartó de las prescripciones y no desestimó, con causa evidente, la oferta de la empresa que a tenor de la documentación incorporada al proceso de compra, exhibía reiterados incumplimientos de sus obligaciones, en las condiciones establecidas para llevar a cabo el proceso de compra”.
“Horisberger, Dip y García Bastitta -bajo la supervisión de Pablo Alberto Longhi-, observaron errores esenciales -sin posibilidad de subsanación- en la oferta de IGEOTEST GEOSCIENCES SL, y sin perjuicio de ello, continuaron con el proceso de compra y recomendaron esa empresa para la adjudicación de la contratación del servicio de búsqueda”.
Para el juez, “se encuentra probado -con el grado de probabilidad exigido por esta instancia- que tuvieron pleno conocimiento de las reglamentaciones vigentes para la contratación y pese a todas las evidentes inconsistencias que presentó la oferente recomendada, continuaron con el proceso y no desestimaron la oferta”.
Buena parte de la información que llevó al magistrado a dictar los procesamientos fue obtenida del propio expediente digital del Ministerio de Defensa. En esa cartera, y pese a que hasta ahora no había trascendido, ocurrió el 6 de agosto pasado “una orden de presentación”, el paso inmediatamente anterior a un allanamiento. No fue necesario llegar a tanto: “Desde la cartera ministerial informaron al personal policial que se constituyó en el lugar, que el expediente tramita íntegramente en formato digital, por lo cual se le hizo entrega de un CD-Rom con la totalidad de su contenido”
La figura por la que fueron procesados los funcionarios del área de Defensa contempla penas de un mes a dos años de prisión e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el doble de tiempo.
