“Se ninguneó la gravedad de la situación. Hay responsabilidad del ministro de Defensa Oscar Aguad y del Poder Ejecutivo”, dice Luis Tagliapietra, padre de  Alejandro, joven teniente de corbeta del ARA San Juan, fallecido, como los otros 43 tripulantes, el 15 de noviembre de 2017.

Lo dice ahora, pero lo viene diciendo desde el primer día, al igual que buena parte de los familiares. El informe final de la Comisión Bicameral que investigó el hundimiento del submarino suscribe esas palabras. Revela la responsabilidad de la cúpula de la Armada y del Ministerio de Defensa, tanto en la subestimación “por toda la cadena de mando” de la avería inicial que desencadenó la tragedia como en el manejo inadecuado de la emergencia en las horas críticas.

A lo largo de 170 páginas, los legisladores firmantes del informe identificaron como el origen del hundimiento la avería producida la noche del día anterior, 14 de noviembre de 2017, a las 23:42, por el ingreso de agua de mar al sistema de ventilación, lo que generó un principio de incendio en el balcón de barras de baterías del tanque de baterías número 3. Eso provocó la implosión posterior del San Juan, hallado a 900 metros de profundidad un año más tarde.

El informe, suscrito en disidencia por los cuatro legisladores del oficialismo, hace hincapié asimismo en el retaceo de información y la falta de contención a los familiares.

El texto de la Bicameral señala expresamente las responsabilidades políticas de Aguad, del comandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide, por no haber evaluado correctamente la gravedad de la falla ni alertar oportunamente a sus superiores, y del entonces jefe del Estado Mayor de la Armada, Marcelo Srur, que no transmitió debidamente al poder político las implicancias del incidente.

“A Aguad le corresponde responsabilidad penal”, repite Tagliapietra. “Tenía conocimiento del estado del submarino. Y el presidente, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, también es responsable. Lo que pasó fue totalmente evitable; el submarino no tendría que haber zarpado nunca. Lo de hoy fue un paso importante, pero esta lucha sigue y será muy larga”.

Para Tagliapietra, querellante en la causa, “los legisladores actuaron más rápido que la justicia”, y volvió a señalar la inacción de la jueza federal de Caleta Olivia. Marta Yáñez, deslizando la existencia de un pacto para que el año electoral “no se sepa nada”.