“El procesamiento de Mauricio Macri ya está escrito”, dijo el abogado del expresidente, el exfiscal Pablo Lanusse, en el canal opositor de TV  La Nación+. Vinculó esa supuesta decisión con la persecución política que cree estar sufriendo Macri. Acaso sospeche que el procesamiento es tan previsible como lo eran los de la hoy vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, cada vez que era convocada por el difunto Claudio Bonadio.

Desde Santiago del Estero, en un acto partidario, Macri anunció que concurrirá el próximo jueves a Dolores a declarar ante el juez Martín Bava. “Vamos a estar el 28, como he estado siempre”.

El eventual procesamiento tiene otros argumentos -además de las suposiciones políticas que esgrime su defensa- que, para este caso, parecen ser determinantes.  Macri negó haber ordenado el espionaje ilegal a los familiares de los marinos muertos en el ARA San Juan. Negó, también, haber recibido esos informes que –es evidente- alguien confeccionó.

En su indagatoria (que pidió que “no se filtre” a los medios), la exvicedirectora de la AFI, Silvia Majdalani, explicó que las tareas de seguimiento que el juzgado considera inteligencia ilegal son tareas de rutina “para que las marchas no sean riesgosas” y para prevenir la presencia de “revoltosos”. Una “avanzada presidencial” previa a la visita investiga los lugares que va a visitar. Pero esa es una tarea asignada a la Casa Militar, no a la AFI. “Colaborábamos con ellos”, explicó Majdalani.

Esa explicación choca con la realidad: los informes exceden en tiempo y espacio las visitas de Macri a Mar del Plata. A los familiares los seguían también cuando el entonces presidente no estaba en Mar del Plata ni preveía viajar.

En el horizonte de la defensa de Macri, parece asomar un viejo argumento de protección a la máxima jerarquía del poder: “El jefe no sabía”. Fue utilizado para exculpar a Carlos Menem por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia; a Fernando De la Rúa por la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001; a Aníbal Ibarra por Cromañón y al propio Macri en la causa por escuchas ilegales cuando era jefe de gobierno porteño.

Pero a diferencia de aquellos casos, aquí el desconocer lo que ocurría no exime de nada. Por ley, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) depende directamente del presidente de la Nación. Sería necesaria una interpretación muy forzada de la norma para aceptar que la responsabilidad directa no es la responsabilidad directa.

De hecho, al procesar a Majdalani, el juez Bava mostró una secuencia (casi una confesión) sobre la ruta de la información de inteligencia: “Se deben traer los dichos de Majdalani en su declaración indagatoria cuando refirió que ‘la AFI realizaba la actividad correspondiente, y luego armaba una carpeta’, carpeta que aclaró que recibía ella, y que luego quedaba en consideración del presidente de la Nación, quien tenía la decisión final de seguir o no con el recorrido de su agenda. Todo lo expuesto permite demostrar cómo no solo las más altas autoridades de la AFI estaban en pleno conocimiento de las acciones ilegales que realizaban en Mar del Plata, sino que además, le retransmitían estas acciones al presidente de la Nación. Es otro argumento que permite demostrar que Mauricio Macri se encontraba en pleno conocimiento del especial interés y el seguimiento que realizaba la AFI respecto de los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan”.

Majdalani es quien desmiente a Macri: había carpetas y él tenía conocimiento y decisión sobre ellas.

¿El expresidente podría ir preso? Sería un disparate. Los pedidos en ese sentido formulados por la abogada querellante Valeria Carreras y, después, por Luis Tagliapietra, padre de uno de los 44 marinos, no fueron acogidos por el juez. Solo una inconducta procesal grave (no presentarse a la indagatoria, por ejemplo)  podría derivar en una orden de detención.

Macri prometió que irá. Y el abogado Lanusse anticipó que va a tener que “contenerlo” a Macri cuando declare porque tiene “una calentura bárbara” por la situación que está atravesando, que atribuye directamente a la antesala electoral.

¿Hay algo que pueda pasar en los próximos días que altere la obligación del expresidente de asistir a su indagatoria?

Desde hace casi un mes, circula en el microclima judicial que la Cámara Federal porteña prepara una nulidad en la causa madre del espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos. Incluso fue publicado por el diario opositor La Nación. El abogado Fernando Sicilia, defensor de dos integrantes del grupo de espías denominado “Súper Mario Bross”, Facundo Melo y Leandro Araque, apuntó contra el hecho que disparó la causa: un allanamiento en el marco de la investigación por un supuesto atentado contra un exfuncionario del Ministerio de Defensa en tiempos de Oscar Aguad. Sergio “Verdura” Rodríguez, acusado de narcotráfico, se atribuyó el ataque y de su testimonio saltó el dato que permitió secuestrar teléfonos y encontrar allí las pruebas del espionaje.

La Cámara Federal ya pidió la copia certificada de las actuaciones sobre “Verdura”. Y se apresta a dictar un fallo que tiene alguna posibilidad de salir antes del 28.

Si ese primer paso fuera considerado nulo, como consecuencia de la teoría judicial del “fruto del árbol venenoso” todo lo que siguió a aquel episodio también sería inválido judicialmente. ¿Ello incluye al espionaje a familiares del ARA San Juan? La pregunta es clave porque de un lado y del otro hay argumentos de peso para sostener que sí y que no, al mismo tiempo.

La denuncia sobre las víctimas del submarino fue impulsada por la AFI, que encontró documentación de respaldo de otra que había sido destruida en Mar del Plata. La discusión será, entonces, si ese fue un “cauce independiente” de investigación o si se trata de un episodio derivado de la causa principal. En un caso, la causa sigue; en el otro, se evapora.

Parece inevitable que tarde o temprano sea la Corte Suprema la que lo defina.  «