El Poder Judicial dio el primer indicio concreto de irregularidades graves en el financiamiento de la campaña electoral de 2017 de la alianza Cambiemos. La Cámara Nacional Electoral recibió un informe de auditoría interno (un paso previo y común a todas las fuerzas políticas) que recomienda no aprobar la rendición de cuentas de Cambiemos de la campaña para diputados nacionales. El documento, remitido al juez federal con competencia electoral Adolfo Ziulu, sostiene que  “no resulta posible aconsejar la aprobación del informe final … hasta tanto sean subsanadas las observaciones».

¿Cuáles son las observaciones? En esencia, que figuran aportes de empresas que no podrían haber financiado la campaña, y otros de personas que directamente desconocen haber contribuido a sostener la campaña proselitista.

“Tratándose de personas que reciben algún tipo de beneficio social por parte del Estado nacional o están inscriptas en el monotributo social en el que podrían ser beneficiarias de tales programas, resulta llamativo, aun siendo individualmente de poca cuantía, que realicen aportes a una agrupación política», advirtió el informe. Pero además, haciéndose eco de trabajos periodísticos, entre ellos la investigación del profesional de El Destape Juan Amorín, el documento refleja que al menos varios de esos supuestos sostenedores de Cambiemos  «rechazan haber realizado el aporte informado».

Otros, en cambio, figuran como aportantes individuales pero tienen un común denominador: trabajan en la misma empresa,  que por sus características están impedidas de financiar a partidos políticos. Dicho de otro modo: las empresas como tales no pueden aportar, pero aparecen muchos de sus empleados haciendo donaciones que, en sumatoria, redondean un monto compatible con lo que pudo haber aportado la empresa impedida. El informe alerta sobre la posibilidad de una trampa para eludir las incompatibilidades que determina la ley electoral.

El expediente judicial sobre la recaudación de campaña es paralelo a la causa penal, en la que interviene otro juez. Ziulu tiene competencia electoral, pero el magistrado Ernesto Kreplak recibió hace dos semanas una investigación preliminar del fiscal federal porteño Jorge Di Lello. Así, no sólo hay un supuesto delito electoral en juego, sino también un delito penal, a secas, vinculado con los mismos episodios.

Si bien no es habitual un procedimiento de esta naturaleza, el juez electoral Ziulu resolvió producir prueba: citó a prestar declaración testimonial a varios de esos aportantes sobre los que la Cámara manifestó sus dudas. En caso de rechazo definitivo por irregularidades en la rendición de cuentas, la sanción que podría recaer sobre la alianza infractora podría llegar, incluso, a la suspensión de sus derechos electorales.