El 14 de enero de 2017, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó la municipalización del Servicio Alimentario Escolar (SAE), cuya ejecución dependía hasta ese momento de los Consejos Escolares, que en todos los casos tienen presencia opositora local.

Ese anuncio se proclamó como una prueba piloto que incluía a los municipios de Vicente López, San Isidro, Morón y La Plata, entre otros, y sirvió para abrirle las puertas a un conjunto de proveedores que María Eugenia Vidal conocía desde la época en que se desempeñó como ministra de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires, entre los que se encuentran Friends Food SA y el Grupo L.

El pool empresario Grupo L reúne a Teylem SA, Equis Quince, Blue Catering, Bagalá, Cook Master SRL, entre otras firmas. Su principal referente se llama Víctor Lusardi y, a partir de la llegada de Cambiemos al gobierno bonaerense, consiguió multiplicar sus negocios con el Estado.

Según consta en su propio informe de sustentabilidad, la empresa aumentó de forma exponencial su facturación, de $ 1.160.260.000 en 2016 a $ 1.891.829.000 en 2017 e incrementó su planta un 84%, de 503 a 925 empleados.

Además de proveer alimentos a más de una decena de distritos, consiguió quedarse con el servicio gastronómico en los hospitales de la Provincia y con una caja de más de mil millones de pesos por las operaciones en el Sistema Penitenciario, donde la Comisión Provincial por la Memoria ha denunciado que uno de los mayores inconvenientes para los detenidos es la falta de alimentación y su baja calidad.

Limpieza de edificios públicos, colocación de cestos de basura, organización de eventos y capacitaciones completan la variada cartera de negocios que la organización sostiene con los distintos estamentos estatales.

Este grupo empresario también fue blanco de críticas el año pasado, luego de ganar una licitación por las cajas navideñas de la Provincia de Buenos Aires que tuvieron un 145% de aumento con respecto a 2016 y que terminaron costándole a los bonaerenses 32.918.400 pesos.

Friends Food SA, cuyo dueño es el expresidente del club Argentinos Juniors, Ruben Forastiero, obtuvo además de contratos distritales, negocios vinculados con el PAMI y también adjudicaciones del ex Ministerio de Salud para la provisión de hospitales.

De distintas maneras, estas firmas que habían sido denunciadas por irregularidades en el servicio que prestaban a la Ciudad de Buenos Aires, consiguieron multiplicar sus ganancias después de haber realizado donaciones a las fundaciones que conducen funcionarios del gobierno.

El PRO como partido no podría haber percibido esos aportes porque el artículo 15 de la ley de financiamiento de los partidos políticos indica que estos «no podrán recibir contribuciones o donaciones de empresas concesionarias de servicios u obras públicas de la Nación, las provincias, los municipios o la ciudad de Buenos Aires». En cambio, las fundaciones están reguladas por la ley homónima que sí permite estos desembolsos.

Es por eso que desde la campaña electoral de 2015 se realizaron distintas denuncias sobre la utilización de fundaciones como parte de una arquitectura que elude el espíritu de la ley de financiamiento de los partidos. Entre las ONG mencionadas están G25 y Formar, que tienen como principales referentes a Guillermo Dietrich y Esteban Bullrich.

Formar recibió más de 14 mil dólares en concepto de donaciones por parte de la empresa Friends Food SA, también obtuvo financiamiento de Teylem SA y de La Cámara de Concesionarios de Servicios de Comedores y Refrigerios, de la cual participan ambas firmas. Esta aportó en el mismo período más de 18 mil dólares, según consignó una investigación de Chequeado, que pudo acceder a los balances presentados ante la Inspección General de Justicia.

Tiempo Argentino intentó contactarse con las fundaciones para consultar qué destino se les dio a los aportes, pero al acercarse a la dirección que ambas declararon, avenida Rivadavia 1829 piso 2, se encontró con los despachos de los diputados de Cambiemos Álvaro González, vicepresidente del bloque, y el del bonaerense Ezequiel Fernández Langan.

Estas oficinas son alquiladas por la Cámara de Diputados y las fundaciones tienen su domicilio allí desde la época en que Esteban Bullrich, su principal referente, trabajaba en la Cámara Baja y ocupaba esos despachos. Este medio consultó de qué manera podía establecer contacto con algún integrante de ambas ONG y le indicaron que había que hacerlo telefónicamente, después de las 16, pero nadie respondió los llamados.

Desde el gobierno provincial confían en extender la municipalización del SAE a todos los distritos para 2019 y toman como bandera de política social el aumento en los recursos que destinan para ese fin. Desde los gremios docentes advierten que la calidad y la cantidad de alimentos está en decadencia.

Silvia Almazan, secretaria adjunta de Suteba, afirmó que «hay un millón cuatrocientos mil chicos en la Provincia de Buenos Aires que están debajo de la línea de la pobreza y necesitan el apoyo del Estado, pero desde el Ministerio de Desarrollo Social reconocen que sólo hay disponibles 450 mil cupos para la alimentación». Almazan advirtió que «se está llevando a cabo una concentración de proveedores que perjudica la logística, y están creciendo los reclamos por alimentos que llegan en mal estado».

El SAE en la Provincia de Buenos Aires es un negocio que mueve más de 5000 millones de pesos y se reparte en un grupo de empresas cada vez más reducido. Desde el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, señalan que las quejas que están recibiendo vienen principalmente de los distritos que están bajo esta prueba piloto: Mar del Plata, La Plata, Lanús y Morón, entre otros.

El decreto 2077/2016 que instrumentó la municipalización del Servicio Alimentario Escolar fue declarado inconstitucional por el exjuez Luis Arias que, a través de una medida cautelar, consideró que «el decreto implica el ejercicio por la administración pública local de facultades otorgadas por la Constitución Provincial a los Consejos Escolares. Así se presenta en contradicción con el artículo 203, el cual dispone expresamente que la administración de los servicios educativos, en el ámbito de competencia territorial distrital, estará a cargo de órganos desconcentrados de la Dirección General de Cultura y Educación, denominados Consejos Escolares».

La Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata revocó la medida cautelar y, contrariando la doctrina de la Suprema Corte, lo apartó de la causa. Luego de varios embates del oficialismo, Arias fue destituido de su cargo y organizaciones de Derechos Humanos están denunciando ante la ONU la arbitrariedad de su apartamiento. «


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La prueba piloto de la municipalización del servicio

En Morón, municipio que conduce el exmarido de María Eugenia Vidal, Ramiro Tagliaferro, la municipalización del SAE trajo aparejado un escándalo de contrataciones millonarias sin licitación.

El 24 de febrero de 2017 se adjudicaron ocho compras directas para la provisión de alimentos. Las destinatarias fueron todas firmas pertenecientes al Grupo L. A Bagalá SA le entregaron tres compras por un total de $ 3.099.000. Exactamente el mismo monto fue destinado a la empresa Equis Quince SA. Una adjudicación fue a manos de Compañía Integral de Alimentos (Blue Catering) y otra a Teylem SA, ambas a razón de $ 1.033.000 cada una.

La resolución 94/2016 de la Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires indica que a partir de facturaciones mayores a $ 1.730.000, los municipios bonaerenses están obligados a realizar Licitación Pública. Por eso la división del paquete de dinero no es caprichosa, se realizó para que no haya competencia.

Las adjudicaciones se hicieron el mismo día y de manera casi correlativa mediante las resoluciones número: 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 y 151. «Para poder hacerlo realizamos una consulta informal al Tribunal de Cuentas de la Provincia, en la sede de Morón, donde nos recomendaron proceder de esa manera», reconoció el secretario de Economía y Finanzas del municipio, Jorge Álvarez Holmberg, durante una interpelación en el Concejo Deliberante.

Blasa Reyes, madre de un chico que asiste a una primaria estatal de la zona, explicó que «la cooperadora sostiene el servicio alimentario porque mandan 200 porciones cuando la matrícula es de 1200 chicos, los platos que faltan hay que cubrirlos».
Padres y alumnos denuncian que ante el corte de gas en los establecimientos, las viandas empeoraron, «mandan una pizzeta chiquita sin queso, o barras de pochoclo que nadie come», indicó Reyes y agregó: «Antes los padres teníamos más control, podíamos certificar si los alimentos que facturaban los bajaban efectivamente, eran proveedores locales con los que se venía trabajando hace mucho».

En 2018 las empresas del Grupo L fueron nuevamente contratadas, en este caso por un monto superior a los $ 60 millones y por licitación. Las competidoras denuncian que el acto no tuvo publicidad y que los pliegos estuvieron direccionados para beneficiar a estas compañías.