El juez federal Sebastián Casanello fue apartado de la investigación por los presuntos aportantes truchos a la campaña de Cambiemos para las elecciones de 2017 en la provincia de Buenos Aires. El camarista federal Martín Irurzun hizo lugar a un planteo del fiscal Carlos Stornelli y le mandó el expediente al juzgado federal número uno de La Plata, a cargo del juez Adolfo Gabino Ziulu. ¿Los motivos? El supuesto delito de consignar como aportantes a indigentes y beneficiarios de planes sociales se cometió, en principio, en territorio bonaerense. En consecuencia, debe ser un juez federal con competencia en la provincia de Buenos Aires el encargado de llevar adelante la investigación.

“Los hechos delictivos que se investigan han sido cometidos en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires”, sostiene el escueto fallo, de sólo tres páginas, que firmó Irurzun para correr a Casanello de la investigación.

La causa se inició por denuncia de Lucas Enrique Schaerer, miembro de la Fundación Alameda, a raíz del informe periodístico publicado el 17 de junio de 2018 por el sitio web El Destape, “en el cual se hizo alusión a la utilización de personas de bajos recursos, beneficiarias de los programas ‘Argentina Trabaja’ y ‘Ellas Hacen’- para insertar dinero ilícito en la campaña electoral del año 2017 de distintos candidatos de la alianza Cambiemos Buenos Aires”.

Irurzun recordó que se dispararon tres causas por esa misma cuestión, en tres juzgados diferentes. Y el juez platense Ziulu reclamó unificar todo en su juzgado. Irurzun, constituido en tribunal unipersonal, entendió que “la duplicidad de expedientes iniciados para dilucidar los mismos hechos, que involucrarían a las mismas personas de uno y otro lado del conflicto es inconveniente” y remarcó que “la Alianza Cambiemos Buenos Aires se encontraba constituida por doce fuerzas políticas reconocidas como alianza electoral transitoria del distrito provincial para las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires desarrolladas en el año 2017, sede donde a su vez -y por lógica consecuencia- ha sido presentado el Informe de Ingresos y Egresos cuestionado y donde habitan aquellos cuyos aportes han sido puestos en tela de juicio”.

Casanello defendía su intervención en la investigación porque la información sobre las personas incluidas en el listado de aportes truchos que, en realidad, son beneficiarias de distintos programas de asistencia social, “pudo haber sido obtenida de los registros de la Administración Nacional de Seguridad Social, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y/o el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación”. Para Irurzun, esa hipótesis “no alcanza, por si misma y por la naturaleza descentralizada de los organismos involucrados, para sostener la competencia excluyente de la sede capitalina”.

Si bien, por ahora, sólo se unifican dos de las tres causas, todo parece indicar que la tercera (que también está radicada en La Plata y que la investiga el juez Ernesto Kreplak) correrá la misma suerte e irá a parar al juzgado de Ziulu.

Según el sitio de internet www.politicajudicial.com, Ziulu es un juez “cercano a los poderosos oficialistas (Luis María) Cabral e Irurzun” y destaca entre sus fallos que “levantó la captura para un acusado de crímenes de lesa humanidad y fue uno de los primeros en frenar la reforma judicial del kirchnerismo y en autorizar los tarifazos del macrismo”.