Ante el pedido de varios imputados para aparatar al juez federal Federico Villena, de la causa por espionaje ilegal durante el macrismo, la Cámara Federal de La Plata aceptó la recusación y dejó la causa en manos del otro juez de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé.
Augé ya tramita otro expediente por espionaje: el seguimiento que se realizó al Instituto Patria y a la ex presidenta y actual vice Cristina Fernández. En ese caso ya ordenó la detención de Alan Ruiz, ex jefe de Operaciones de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), también involucado en la otra investigación.
El cambio de juez se da en un momento de gran movimiento de la causa, luego de que Villena ordenara la detención de 22 imputados, entre ellos la ex funcionaria Susana Martinengo, quien fue secretaria de Documentación de la Casa Rosada, el ex jefe de Contrainteligencia de la AFI, Diego Dalmau Pereyra, y los ex agentes Jorge Horacio «Turco» Sáez, Leandro César Araque, Facundo Melo, Emiliano Matta y Mercedes Funes Silva, entre otros.
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Los tres ex agentes de la AFI detenidos, Araque, Melo y Sáez, recusaron a Villena semanas atrás al señalar que el juez de Lomas de Zamora les había dado aval judicial para realizar algunas de las tareas de inteligencia que son investigadas.
En ese momento, Villena rechazó el pedido y sostuvo: «No soy ni he sido parte en los hechos ahora investigados». Ante esta decisión, la defensa de los espías recurrieron a la Cámara Federal de La Plata.
Villena autorizó las escuchas realizadas al narcotraficante Mario Segovia en la cárcel de Ezeiza, que fue utilizada para espiar conversaciones de ex funcionarios detenidos. El magistrado replicó que la investigación «se inició con motivo de una actuación cursada por el Ministerio de Seguridad de la Nación que daba cuenta de una presunta organización delictiva que se dedicaría a la compra e ingresos en nuestro país de fabricación de materiales explosivos, por lo que al encontrarse el nombrado detenido, se dispusieron las intervenciones telefónicas pertinentes”. Pero destacó que, al terminar esa investigación, ordenó destruir las escuchas. Pese a ello, algunas de ellas se difundieron en medios de comunicación.
Por otro lado, y sobre una investigación ordenada en relación a la cumbre del G20 que se utilizó para espíar el Instituto Patria, el magistrado recordó que, «en su oportunidad, el director de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia remitió un informe en el marco del cual alertó sobre los distintos niveles de amenaza que representaban los eventos internacionales en los cuales nuestro país oficiaría de anfitrión”. Por ello, el magistrado ordenó medidas y luego dio por cerrada la pesquisa.
