Reapareció Juan José Aranguren y lo hizo con duras críticas hacia la decisión del gobierno de congelar por 90 días el precio de los combustibles. Así se desprende del informe difundido hoy por la Consultora Energy Conilium, que preside el propio Aranguren, en el que se analizó los alcances del decreto que dispuso la fijación de precios en la cadena de comercialización de petróleo crudo, naftas y gas oil tras la devaluación del peso de la semana pasada.

El reporte consideró que el decreto es «un retroceso significativo en términos de política energética» y destacó que «es la primera vez desde la desregulación de 1991 que se instrumenta de manera formal una fijación de precios directa sobre el sector».

«Es un desincentivo a la inversión en el sector que, de no ser prontamente subsanado en sede administrativa o judicial, generaría un precedente que será tenido en cuenta por los futuros inversores más allá de la duración de esta intervención; y los consumidores y contribuyentes, tarde o temprano, terminarán sufriendo las consecuencias», advirtió el informe.

Además, la consultora consideró que el congelamiento «tiene un impacto significativo sobre la seguridad jurídica del sector» ya que el mismo es el único donde la Administración intervino los precios «en perjuicio de los actores privados, en lugar de modificar la carga impositiva» como fue el caso de los productos de primera necesidad.

Al plantear la necesidad de revisar la medida del Gobierno, la consultora que encabeza el ex ministro y ex presidente de Shell Argentina aseguró que dar marcha atrás en el congelamiento permitirá «evitar que la energía sea considerada como una herramienta de política económica discrecional».

Por lo tanto, entendió, «no sujeto a las reglas de los mercados competitivos donde los agentes privados tomen decisiones de inversión a riesgo sobre la base de marcos regulatorios estables y conocidos».

A horas de que se concrete una reunión del gobierno nacional con las empresas y las provincias petroleras, la consultora consideró que ante «el alto componente fiscal aplicado al sector, existen diversos mecanismos para realizar dicha intervención a través de la política fiscal y minimizando los impactos en la política energética».

Para ello, recordó que el Ejecutivo tiene facultades otorgadas por el Congreso para disminuir la carga tributaria sobre los combustibles en hasta 10% y puede disminuir los derechos de exportación de forma de mejorar la ecuación económica del sector y mitigar los impactos de la devaluación en los precios internos.