El ex ministro de Energía, Juan José Aranguren dijo que no benefició “particularmente” a la petrolera de la que fue presidente y accionista, durante su paso por la función pública y aseguró que las decisiones que tomó fueron “siempre en beneficio del interés público”.

“En ningún momento me interesé particularmente por algún proveedor”, aseguró el ex funcionario ante una pregunta de Télam, tras prestar declaración indagatoria en los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, ante el juez Luis Rodríguez.

Aranguren está acusado de haber cometido el delito de “negociaciones incompatibles con la función pública”, por haber encabezado el Ministerio de Energía cuando todavía era accionista de la empresa Shell, compañía de la que además había sido presidente.

“En ningún momento tomé una decisión particularmente vinculada a mi anterior empleador. No tengo ningún problema y lo ratifiqué ante el juez”, sostuvo el ex ministro al responder preguntas de los periodistas que lo abordaron a la salida de su indagatoria.

Sobre el incremento de tarifas de 2016, que según la acusación pudo haber beneficiado a Shell, respondió: “El incremento en el precio del gas no le llega a las compañías petroleras porque el precio que reciben las compañías petroleras por el gas durante en el período investigado (2016-2017) es el mismo que provenía de un plan de gas diseñado por la anterior administración”.

“El incremento del precio que sufrieron los usuarios residenciales lo que logró fue reducir el subsidio por parte del Estado. Las empresas petroleras no se vieron beneficiadas por el precio del gas que pagaron los usuarios en sus casas”, afirmó el ex ministro.

Aranguren también respondió ante los medios sobre la decisión de importar gas de Chile, que benefició a una empresa vinculada con Shell, y sostuvo: “En ningún momento me interesé particularmente por algún proveedor, tomé decisiones de carácter general y siempre en beneficio del interés público”.

“En el caso de Chile logramos reemplazar un gas que no existía, que es el que venía de Bolivia, porque no había más y así lo declararon en el expediente el ministro de Energía de Bolivia y gerente de YPFB”, enfatizó.

En ese contexto, dijo, “no había mayor capacidad de las plantas de regasificación» por lo que «era siempre más conveniente importar gas previamente regasificado en Chile que consumir gasoil y eso le significó al Estado nacional un ahorro de 54 millones de dólares”.

Aranguren concurrió a la indagatoria, que duró cerca de dos horas, acompañado de su abogado Alejandro Pérez Chada y al retirarse sostuvo que se iba “muy conforme” y que todo lo que hizo durante su gestión fue conforme a lo que la ley lo obliga.

En la causa se investiga a Aranguren por supuestas “negociaciones incompatibles con la función pública”, por haber encabezado el Ministerio de Energía cuando todavía era accionista de la empresa Shell, aunque el ex funcionario aseguró haber cumplido con la ley de ética pública y no haber tomado ninguna decisión para beneficiar particularmente a la petrolera.

La causa se inició en mayo de 2016 por una denuncia de los diputados kirchneristas Martín Doñate y Rodolfo Tailhade, en la que acusaron al entonces ministro (dejó el cargo en junio de 2018) de beneficiarse con el aumento de la tarifa del gas a raíz de su “doble rol como funcionario público y accionista de Shell S.A.”.

Los legisladores denunciaron que en su declaración jurada patrimonial integrada, Aranguren, ex CEO de la filial argentina de la petrolera de origen anglo-holandesa, declaró poseer “más de trece millones de pesos en acciones ‘clase A’ de la empresa Royal Dutch Shell”, que vendería meses después.

Doñate y Tailhade relataron que el 28 y 29 de marzo de 2016, resoluciones ministeriales publicadas en el Boletín Oficial autorizaron el aumento de tarifas en el PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte) a la empresa Shell, a la que por entonces estaba vinculado Aranguren.

También habían denunciado que por esa decisión se autorizó la “compra de gas a Chile en forma directa, y pagando tarifas mucho más caras de las que se venían pagando a Bolivia”, lo que habría puesto “en situación de privilegio a la empresa Shell, que es dueña de BG, la mayor proveedora de gas al vecino país trasandino”.