«La justicia profundiza el terrorismo contra familiares y cooperativistas para que declaren en contra de Milagro Sala», cuestionó la organización Tupac Amaru en respuesta al operativo de secuestro de autos realizado este fin de semana, en plena feria judicial, por el juez Jorge Zurueta.
«Ante la falta de pruebas contra Milagro Sala, buscan con estos operativos intimidar a las familias de los otros detenidos y cooperativistas con el fin que declaren contra Milagro Sala. Es muy claro el planteo que redactó la fiscalía respecto a la organización social: dictada por Gerardo Morales, según la resolución, la Tupac Amaru y el cooperativismo constituye una asociación ilícita, señaló Alejandro Garfagnini, coordinador nacional de la Tupac, y agregó: La única asociación ilícita en la provincia es la del partido gobernante: funcionarios del Poder Ejecutivo, familiares varios de ellos del contador, junto a jueces y fiscales que son la mano ejecutora puestos todos de acuerdo para detener a los opositores políticos».
La organización asoció este operativo con la publicación de un informe sobre los fondos que recibió por parte del gobierno de la provincia Rene «Cochinillo» Arellano, el único testigo de cargo en contra de Sala en el juicio por el escrache a Morales.
Ariel Ruarte, diputado provincial del FUyO y también abogado de Milagro Sala explicó: «Esto es parte del show que busca mostrar a la Tupac como corrupta. Una persecución contra familiares para presionarlos y extorsionarlos».
El abogado señaló que en el escrito, el juez Zurueta condena a Milagro Sala previo a la investigación, sostiene que la dirigente social es la jefa suprema de la Organización Barrial Tupac Amaru y que conformó una asociación delictiva destinada a perpetrar sistemática y metódicamente fraudes a la administración publica de proporciones millonarias. Indicaron además que Zurueta tiene dos causas abiertas por abuso de autoridad, tratos crueles y tormentos sobre presos detenidos en la Brigada de Investigaciones.
