El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, advirtió que quienes impulsan su destitución ante el Consejo de la Magistratura podrían estar implicados en la causa por asociación ilícita que él investiga y que tiene como referente saliente al falso abogado Marcelo D’Alessio.
“Quienes impulsan y tramitan las actuaciones 35/2019 (la denuncia del gobierno que dio inicio al proceso de juicio político, ndr) para sancionarme o removerme de mi cargo, son los mismos que aparecen involucrados o tienen un interés en los hechos que investigo”. El juez cumplió así, un día antes de la fecha tope, con su descargo ante el Consejo y mediante un escrito de seis páginas refutó una a una las causales invocadas por el presidente, Mauricio Macri; el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el representante del Ejecutivo, Juan Bautista Mahiques, para pedir su remoción.
Su padre y abogado, el también juez Juan María Ramos Padilla, presentó otros dos escritos, en los cuales propuso una variopinta lista de testigos que incluye a Macri y a su antecesora, Cristina Fernández de Kirchner, pero además subrayó que existe un sistema de escuchas telefónicas ilegales que alimenta a una causa denominada “Puf” –que investiga el juez Claudio Bonadio- y que es similar al que tuvo procesado al actual presidente hasta el momento mismo de su asunción a la primera magistratura. En ese contexto, le pidió al Consejo que adopte recaudos para que esas escuchas no sean utilizadas como herramienta de manipulación electoral.
“Corresponde que se convoque a prestar declaración testimonial en este proceso a Mauricio Macri, Germán Garavano, Juan Bautista Mahiques, Elisa Carrió, Paula Oliveto, Mariana Zuvic, Cristina Fernández de Kirchner, Eduardo Valdés, Luis Rodolfo Tailhade, Agustín Rossi, el Juez Federal Luis Rodríguez, Horacio Verbitsky, Raúl Marcos “Tuny” Kollmann, Luis Majul, Jorge Lanata, Cherquis Bialo, Gustavo Héctor Arribas, Silvia Cristina Majdalani, Juan Rodriguez Ponte, Federico Villena, Claudio Bonadío, el Secretario del Dr. Carlos Stornelli, Roberto Baratta, Juan Pablo Schiavi, Juan Pablo Curi, Leopoldo Moreau y Federico Fourquet. Eventualmente también los secretarios de los jueces federales Bonadio y Villena”, peticionó el abogado defensor.
“Resulta preocupante –añadió- que aquellos que están llamados a corregir a los jueces, no adviertan a los magistrados y funcionarios públicos que han llevado adelante una captación, acumulación y circulación de escuchas violatoria de los preceptos más elementales del Estado de Derecho, no dispongan investigar a quienes aportan, filtran y distribuyen y utilizan esas escuchas, y por el contrario, tengan la pretensión de que quien investiga el espionaje ilegal y este tipo de prácticas ilegales en la Argentina se expida sobre ellas. Resulta paradójico que en el juzgado de Dolores se investigue el modo en que los servicios de inteligencia introducen prueba ilegal en el circuito judicial y para lograr que el juez que interviene en la causa sea removido o sancionado, los involucrados en aquel proceso introducen prueba de manera ilegal en un expediente judicial que dirige otro de los investigados, con la que ahora se quiere avanzar en este Consejo de la Magistratura”.
El juez de Dolores, en tanto, respondió a una acusación sobre su decisión de dar intervención en la causa al “Programa Verdad y Justicia para la protección de las posibles víctimas”, con otra imputación: “Existen pruebas que indican que desde el Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados y el Ministerio de Justicia de la Nación se pudo haber colaborado con maniobras para direccionar el testimonio de algún imputado-arrepentido, a cambio de beneficios e incluso dinero, todo lo cual resultaba una razón seria y objetiva -más que suficiente- para no dar intervención a un organismo cuestionado en el marco del mismo expediente”.
“Se me quiere apartar a través de este procedimiento irregular ante este Consejo de la Magistratura y se recurre para ello a elucubraciones absurdas que se construyen a partir de la utilización indebida de escuchas que la Corte Suprema ha señalado que no sólo deben ser prevenidas y castigadas por la ley y la jurisprudencia subsecuente, sino que deben merecer el máximo repudio social, pues constituyen un atentando a la confianza pública”, embistió.
Para suspender a un juez y enviarlo al Jury de Enjuiciamiento son necesarios los votos de dos tercios de los consejeros presentes en el plenario en el que se trate el tema, es decir nueve sobre 13 en un escenario de asistencia perfecta.
