El interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Aníbal Fernández, denunció penalmente a la anterior conducción de esa mina patagónica por la supuesta contratación irregular de más de 400 empleados en los días finales del gobierno de Cambiemos.

Las contrataciones “no tuvieron como motivo ninguna necesidad productiva de la empresa cuyo patrimonio sino que, por el contrario, reconocen fines que nada tienen que ver con el desarrollo productivo ni la consecución de los objetivos de YCRT”, sostiene la acción judicial.

Fernández denunció los supuestos delitos de “asociación ilícita, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, violación de los deberes de funcionario público; proposición, nombramiento y aceptación ilegal de cargo público, malversación de caudales públicos o aplicación arbitraria de fondos, peculado, facilitación imprudente de la sustracción de bienes públicos y abuso de autoridad”.

Todos esos delitos, que implican penas que llegan hasta los diez años de cárcel, fueron cometidos –según la denuncia- mediante la contratación de 417 empleados entre el día hábil previo a los comicios que consagraron presidente a Alberto Fernández,  y el 1° de diciembre de 2019, es decir nueve días antes de su asunción como jefe del Estado.

La denuncia, que quedó radicada ante el juez federal Luis Rodríguez, con intervención de la fiscal Alejandra Mángano, apunta al ex interventor de YCRT Omar Faruk Zeidán; al ex subgerente de Recursos Humanos Raúl Guimard; el ex coordinador Sergio Lumachi; el concejal de Río Turbio Samir Olivio Zeidán y su secretaria, Graciela «Gachi» Vega.

Según el texto de la presentación, a la que tuvo acceso Tiempo, “el 25 de octubre de 2019, el último día hábil antes de los comicios nacionales para elegir Presidente, el por entonces interventor de YCRT Omar Faruk Zeidán emitió la resolución mediante la que resolvió confirmar las contrataciones de personal a plazo fijo efectuadas entre el 8 y 15 de octubre”.

Se trataba de 419 agentes. “El 29 de noviembre (cuando ya había sido elegido Alberto Fernández y sabía que no continuaría al frente de YCRT, ndr) Zeidán emitió la resolución mediante la que designó en la planta permanente a 417 personas”, que ingresaron con aptos médicos sospechados de irregularidades, realizados en forma privada y entregados con posterioridad a las fechas de registro del alta laboral.

La denuncia sostiene que los nombramientos como planta permanente de los 417 agentes pudieron responder a “fines muy posiblemente partidarios y relacionados con el llamado clientelismo político (pero ello)  no resulta el motivo central de esta denuncia”.

Lo extraño de las designaciones tiene que ver con el contexto en que se produjeron. El 24 de abril de 2018, Zeidán solicitó el inicio de un procedimiento preventivo de crisis por ante la cartera laboral y lo fundamentó en «el estado de crisis económica que pesaba sobre YCRT».

El ex interventor atribuyó esa crisis al gobierno 2003-2015,  «a intereses políticos electorales de quienes gobernaban, como viejas prácticas de canjear votos por empleo».

El procedimiento de crisis tenía vigencia prevista hasta el 31 de diciembre de 2019 y preveía “congelamiento de salarios, reducción de personal y reducción de horas laborales”, entre otros recortes.

Un informe de la subgerencia de Administración y Finanzas de YCRT fechado el 17 de febrero pasado (ya durante la actual gestión) indica que la deuda fiscal trepa a casi seis mil millones de pesos (5.865.391.327,55, de acuerdo con el reporte).

Sin embargo, y sin que hubiera variado sustancialmente la situación, el 4 de setiembre de 2019 Zeidán pidió “el cierre de las actuaciones y su posterior archivo” del procedimiento preventivo y avanzó en la designación definitiva de 417 personas en la planta permanente de YCRT.

Esos nombramientos fueron dejados sin efecto tras la asunción del nuevo interventor. Algunos de ellos pidieron la nulidad de esa decisión, pero el juez federal de Comodoro Rivadavia Javier Leal de Ibarra rechazó el planteo.

Los ex funcionarios, pero también “personas externas a YCRT -funcionarios públicos de otros órganos, punteros políticos, etc.- se arrogaron facultades de participar, promover y ejecutar designaciones que implicaron un enorme perjuicio para las arcas públicas, en tanto se ha pagado salarios sin causa que lo justifique”, denunció Aníbal Fernández.

El actual interventor de YCRT le planteó al juez Luis Rodríguez la adopción de medidas cautelares contra los imputados (prohibición de salida del país, presentación periódica en tribunales, retención de documentos), incluso “la prisión preventiva, en caso de que las medidas anteriores no fueren suficientes para asegurar” el éxito de la investigación y el recupero de los fondos supuestamente sustraídos de manera ilegal de las arcas públicas.