Un centenar de organismos de derechos humanos reclamaron al gobierno nacional que revierta su posicionamiento frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), luego de que Argentina junto a Brasil, Colombia, Paraguay y Chile propusiera una serie de cambios a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para limitar su competencia y la de la Corte Interamericana (Corte IDH). La carta va dirigida al presidente Mauricio Macri y sus ministros y denuncia que la declaración de los cinco países busca “socavar la autonomía e independencia” del sistema: “El gobierno argentino vuelve a demostrar la intención de debilitar el mecanismo de protección regional que se evidenciara con la presentación sucesiva de dos candidatos absolutamente inidóneos para integrar la CIDH”, señalaron.

La carta lleva la firma de organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), de Abuelas de Plaza de Mayo y de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora y Amnistía Internacional, pero también de organizaciones de mujeres, LGTBI, de pueblos originarios, gremios y referentes como León Arslanian, Dora Barrancos o Jorge Taiana, entre muchos otros.

Está dirigida al presidente pero también al Jefe de Gabinete, Marcos Peña, al Ministro de Justicia y Derechos humanos, Germán Garavano, al secretario de DDHH, Claudio Avruj, al Canciller Jorge Faurie y la Embajadora Argentina en la ONU, Paula Bertol. Y es una respuesta a la declaración que los cinco países del cono sur presentaron el 11 de abril pasado al Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao.

En esa declaración los Estados expresaron sus “inquietudes en relación con el actual funcionamiento del sistema regional de protección de derechos humanos”, informó en un comunicado la cancillería chilena 12 días más tarde, y que el resto de los países fue dando a conocer en los días subsiguientes.

En Argentina se conoció esta semana. Y los organismos y organizaciones argentinas denunciaron en su carta que las inquietudes fueron, en realidad, cuestionamientos a la actuación de la Comisión y Corte Interamericana con referencias a principios de subsidiariedad, el margen de autonomía, la “aplicación estricta” de fuentes del derecho internacional y la proporcionalidad y adecuación constitucional de las medidas de reparación. Lo que está en juego, advirtieron, es un intento de limitar el margen y alcance de las decisiones en favor de las víctimas de violaciones de derechos humanos que no han recibido respuesta a nivel nacional y a la garantía de no repetición.

“No hay manera de esto se lea como una forma de fortalecer el sistema interamericano, sino más bien lo contrario”, dijo a Tiempo el Director Ejecutivo del CELS, Gastó Chillier. Además, explicó que es la primera vez que ocurre que cinco estados le piden a la CIDH en forma directa, salteando el Consejo Permanente de la OEA que es el ámbito apropiado. “No se puede ver esto en forma aislada, teniendo en cuenta que son todos paises (que firman la declaración) de una u otra manera han manifestado su disconformidad con las decisiones del Sistema”, agregó.

También Amnistía Internacional reaccionó a la declaración que los cinco países llevaron a Abrao. Con una carta abierta a los jefes de estado de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay, el organismo remarcó la importancia del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y recordó que la CIDH y la Corte IDH “han jugado un papel central en garantizar el ejercicio de los derechos humanos y combatir la impunidad no sólo en tiempos de fuerte represión estatal y conflictos armados internos, sino también en casos de violaciones individuales de derechos humanos”.

-¿La cantidad y transversalidad de los organismos que firman la carta demuestra que están viendo el riesgo de perder la salvaguarda externa y, si se quiere, ajena a los intereses de los gobiernos respecto a cualquier violación de los DDHH?

-Esa interpretación es correcta. Hay una preocupación, sobre todo en un contexto de gran conflictividad social, en un contexto en el que la criminalización y la represión de la protesta social se ha incrementado en los últimos años, y cuando se avizora un ajuste importante de acuerdo a las exigencias del FMI, que el gobierno debilite al organismo de protección más importante de la región es grave y preocupante, por eso la manifestación de los organismos.

En la carta a Macri, los organismos señalaron la paradoja que implica que la nueva amenaza a las facultades y competencias del SIDH coincida con el 40 aniversario de la visita que la Comisión realizara a nuestro país en plena dictadura cívico-militar. Por eso señalaron que es “esencial y urgente” que las autoridades argentinas “reviertan este camino y, en cambio, procuren resguardar a los órganos del Sistema frente a cualquier amenaza a su efectividad como mecanismo de protección de los derechos humanos”.

El Sistema Interamericano de Protección a Derechos Humanos está conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que son dos entes autónomos e independientes de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Son considerados una pieza fundamental para la realización de los derechos humanos en América. En la carta, los organismos recordaron que la visita de la CIDH en 1979 al país y su informe de 1980 constituyeron un punto de quiebre para la visibilización internacional de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura. Pero también que en democracia acompañaron el proceso de profundización de derechos con aportes respecto de la declaración de incompatibilidad de las leyes de punto final y obediencia debida con la Convención Americana.

Existe una linealidad en las conductas del Estado Argentino respecto de limitar las decisiones del Sistema Interamericano, como el intento de restringir la aplicación de las decisiones de la CIDH como fue el fallo Fontevecchia de la Corte Suprema de Justicia en 2017, o la presentación de dos candidatos a la CIDH contrarios al respeto de los derechos humanos. En el caso de la detención arbitraria de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, el presidente de la CIDH le recordó al gobierno que las resoluciones del organismo no eran sugerencias sino obligaciones. La medida cautelar de la Comisión primero y la medida cautelar de la Corte IDH luego tuvo resistencias activas y permanentes del gobierno. “El gobierno ha demostrado resistencia a la interpretación de las decisiones de los órganos del Sistema”, cerró Chillier.