La organización humanitaria Amnistía Internacional concluyó que “la policía de Jujuy cometió detenciones arbitrarias, uso ilegal de la fuerza y otras prácticas para reprimir la protesta social en el contexto de las movilizaciones por la reforma constitucional en la provincia”. Al término de su misión de investigación en la zona, la organización –que tiene presencia en gran parte del mundo- subrayó que “la policía de la provincia de Jujuy respondió con uso de la fuerza indiscriminada en contra de quienes protestaban por sus derechos”.
El 16 de junio pasado, la Convención Constituyente de Jujuy aprobó una reforma parcial de la Constitución provincial “sin participación social y sin el consentimiento previo, libre e informado de las poblaciones indígenas”, afirma el reporte. “A partir de dicha reforma, se desataron protestas en toda la provincia de Jujuy en el marco de las cuales tuvieron lugar numerosas violaciones a derechos humanos debido a la represión policial en diferentes puntos de la provincia”.
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, afirmó que “las autoridades provinciales han forjado un ambiente hostil para que la población jujeña ejerza su derecho a protestar pacíficamente”.
El informe de Amnistía Internacional
Una delegación de del organismo internacional visitó a fines de setiembre la ciudad de San Salvador de Jujuy y los departamentos de Tumbaya, Cochinoca, Humahuaca y Susques. Entrevistó a 107 víctimas y testigos, incluyendo integrantes de más de 15 comunidades indígenas, abogados y abogadas, organizaciones de derechos humanos, al fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, y representantes del Ministerio de Seguridad provincial.
La organización “constató el uso innecesario y excesivo de la fuerza, incluyendo el empleo de gas lacrimógeno y balas de goma en protestas, lo que resultó en múltiples casos de lesiones de quienes participaron en la protesta”.
En un anticipo de un informe en elaboración, la entidad humanitaria sostuvo que “la policía disparó balas de goma directamente a la cabeza de las personas que se manifestaban.”(…) . Dos de ellas resultaron con lesiones oculares permanentes, incluido un adolescente que recibió disparos de balas de goma en el rostro y en el torso”.
“Bajo el derecho internacional de los derechos humanos, los disparos de balas de goma hacia la cabeza o la parte superior del cuerpo están prohibidos. Además, estos proyectiles deben ser utilizados únicamente para apuntar a una persona en concreto involucrada en actos de violencia y sólo cuando otros medios menos extremos sean insuficientes”, aclaró el documento.
Amnistía Internacional denunció que “funcionarios de las fuerzas de seguridad intervinieron en el control de las protestas en vehículos particulares, sin identificación o se rehusaron a identificarse al ser interpelados por las personas que se manifestaban. Asimismo, muchos relatos apuntan a la presencia de funcionarios estatales no uniformados que habrían agredido a los manifestantes con golpes y piedras”.
La situación se agravó porque “muchas de las víctimas que sufrieron lesiones físicas relataron haber encontrado resistencia y hasta la negación a la atención médica en más de un hospital público en la provincia”.
El reporte consigna también “detenciones arbitrarias, persecución penal y contravencional por el solo hecho de participar en las manifestaciones, lo que configura una medida arbitraria de privación de la libertad”. El informe consigna la cantidad de detenidos sin cargo alguno (de 70 sólo dos tienen causas judiciales); el caso de “un adolescente de 17 años quien fue llevado a un centro de detención aun después de haber aclarado a las autoridades que era menor de edad”; y la situación de “una mujer detenida arbitrariamente en Purmamarca que relató haber sido obligada a desnudarse totalmente delante de un grupo de policías varones”.
“Se ha constatado una falta de proactividad de las autoridades para investigar los posibles abusos cometidos por agentes de seguridad durante las manifestaciones. Los testimonios relevados dan cuenta del miedo por parte de víctimas a presentar las denuncias, por temor a ser perseguidos por su participación en las protestas”, resume el trabajo.
