Al conocerse que Argentina ocupará una de las vicepresidencias del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional emitió una seria advertencia al país en el que pidió ampliar derechos y “abstenerse de implementar medidas represivas”. Recriminaron la decisión de utilizar pistolas eléctricas, impulsar la discusión de la baja de la edad de imputabilidad y pidieron aprobar el dercho al aborto y derogar el decreto 70/2017 de expulsión de migrantes.
“Argentina debe demostrar que está a altura de las circunstancias”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. Y advirtió: “no solo debe avanzar en la ampliación de derechos, sino, a la vez, abstenerse de implementar medidas regresivas que comprometan la responsabilidad del Estado y empañen su rol en el Consejo”.
El organismo de derechos humanos internacional emitió un comunicado crítico al conocerse que Argentina ocupará por un año la vicepresidencia del Consejo de Derechos Humanos (CDH), principal órgano de derechos humanos de las Naciones Unidas.
La noticia se supo el 16 de enero pasado, cuando el ex vicecanciller Carlos Foradori (responsable del pacto Foradori-Duncan que delega soberanía en Malvinas a favor de Gran Bretaña) fue nombrado como cuarto vicepresidente de la Mesa del Consejo en representación de América Latina y el Caribe.
Según anunció entonces el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y el Secretario de Derecchos Humanos, Claudio Avruj, la nominación fue “un reconocimiento y un fuerte impulso a la política de derechos humanos que lleva adelante nuestro país, y al rumbo que expresó el presidente @mauriciomacri». Todo a pesar de la pobre gestión de Cambiemos en materia de Memoria, Verdad y Justicia.
En el comunicado, Amnistía Internacional celebró que Argentina ocupe ese lugar pero advirtió que “ser miembro del Consejo, así como desempeñar un rol de liderazgo, representa un doble compromiso: por un lado, supone la cooperación de Argentina con el sistema universal; pero a la vez, refuerza la responsabilidad del Estado de liderar posiciones y recomendaciones del CDH para hacer frente a situaciones de violaciones de derechos humanos, y fortalecer su promoción y protección en todo el mundo”.
En este sentido, Amnistía Internacional reiteró su preocupación frente a los últimos anuncios del gobierno en materia de seguridad, “especialmente sobre el uso de armas de electrochoque, así como la propuesta de la baja de la edad de imputabilidad, a contramano incluso de las recomendaciones del propio Comité de Derechos del Niño de la ONU”, indicaron.
En la misma línea AI exhortó a revocar el DNU y frenar el retroceso en la legislación y la política migratoria, y por el contrario, pidió que promueva la regularización y el acceso a derechos de las personas migrantes.
También recordó las recomendaciones de la ONU para armonizar el sistema júridico con los estándares de derechos humanos en materia de garantía de los derechos sexuales y reproductivos, que incluyen el acceso al aborto sin riesgos.
También pidieron regularizar los territorios indígenas.
“Como país miembro y vicepresidente del Consejo, es fundamental que el Estado mantenga una posición unívoca y coherente tanto a nivel local como internacional en materia de derechos humanos”, concluyó Belski.
