Bajo la consigna “Una madre no puede ser separada de sus hijos”, Amnistía Internacional lanzó una convocatoria para juntar firmar para que Vanessa Gómez Cueva pueda ser revinculada con sus dos hijos argentinos de 14 y 5 años, a quienes no volvió a ver desde que el 4 de febrero fue expulsada, junto a su otro hijo de 2 años, luego de haber cumplido una condena hace 5 años atrás.
Gómez Cueva es una ciudadana peruana con residencia en Argentina desde hace más de 15 años. Según denuncia Amnistía Internacional a la mujer ni siquiera se le permitió despedirse de su familia. “La orden de expulsión se basó en una condena penal, por la cual Vanessa había cumplido una sentencia en 2014”, precisaron desde el organismo, al tiempo que pidieron que “la Dirección Nacional de Migraciones debe revertir esta orden, que viola los derechos de los niños según el derecho nacional e internacional, y reunir a Vanessa con sus hijos”.
A continuación, se transcribe la carta que Amnistía Internacional le envió al director de nacional de Migraciones, Horacio García.
Estimado Horacio García,
El 1 de febrero, oficiales de la policía buscaron a Vanessa Gómez Cueva en su casa y solicitaron acompañarlos para firmar una notificación. Vanessa llevó a su hijo de 2 años y dejó a los otros dos en casa, uno de 5 años y la otra de 14. Los oficiales trasladaron a Vanessa y su bebé a una celda sin luz ni agua. Más tarde, fueron transportados al aeropuerto de Ezeiza de Buenos Aires, donde fueron retenidos por autoridades de migraciones. El 4 de febrero fue expulsada del país junto a su hijo menor lactante sin haberse podido despedir de sus otros dos hijos, quienes quedaron al cuidado de otros familiares. Sus tres hijos son ciudadanos argentinos.
Vanessa tiene 33 años y llegó a Argentina de Perú hace más de 15 años. En 2013, fue condenada en un juicio abreviado a cuatro años de prisión por comercio de estupefacientes. Tras cumplir su condena en 2014, buscó reinsertarse en la sociedad argentina y se recibió de Técnica Superior en Enfermería mientras estudiaba y trabajaba. En 2015, la Dirección Nacional de Migraciones, decidió expulsarla del país, sin considerar su situación actual ni la existencia de sus hijos argentinos menores de edad.
Tres meses después de la orden de expulsión, Vanessa presentó un recurso administrativo que fue rechazado. La decisión del rechazo nunca le fue notificada, impidiéndole apelarla ante la Justicia. En octubre de 2018, la Dirección Nacional de Migraciones solicitó a la Justicia la retención de Vanessa para ejecutar la orden de expulsión. Vanessa fue retenida con su bebe el 1 de febrero de 2019 y ambos fueron expulsados del país tres días después. Desde entonces no se ha visto con sus otros dos hijos. Su expulsión viola el derecho a la vida familiar, a la unidad familiar y el interés superior del niño, garantizados por la legislación nacional y los tratados internacionales, incluidos estándares regionales, ratificados por Argentina.
Le urgimos a que revierta inmediatamente la disposición de expulsión, permita su reingreso a Argentina, garantice su retorno junto con su bebé y permita la reunificación familiar con sus dos hijos.
Saludos cordiales,
Desde el organismo internacional explicaron que esta no es una medida aislada, sino que se da dentro de un contexto en el que los migrantes estuvieron bajo la lupa desde la asunción del gobierno de Mauricio Macri. “Amnistía Internacional y otras organizaciones de la sociedad civil están recibiendo denuncias de casos de expulsiones que separan a las personas migrantes de sus hijos e hijas, incluso cuando éstos son argentinos. El caso de Vanessa es uno de los casos más graves”, señalaron en un comunicado.
“En los últimos años Argentina viene implementando un giro en su política migratoria. Tanto a nivel normativo como mediante prácticas estatales, el gobierno está tomando medidas que restringen los derechos de las personas migrantes y fomentan la discriminación y la xenofobia”, agregaron.
Amnistía recordó además que en enero de 2017, el gobierno nacional adoptó el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017 que modifica la Ley de Migraciones 25.871 y su Decreto Reglamentario 616/2010. Esta modificación a la legislación migratoria –introducida por una herramienta de excepción, sin debate parlamentario y con datos utilizados de manera sesgada– generó un enorme retroceso normativo en materia de derechos de las personas migrantes. Concretamente, amplía los motivos para impedir o cancelar la permanencia en Argentina de personas migrantes, viola el debido proceso y el acceso a la justicia de las personas migrantes, vulnera el derecho a la familia y a la unidad familiar y criminaliza a las personas migrantes.
“Estas medidas concretas vienen acompañadas de discursos xenófobos por parte de autoridades y funcionarios públicos, así como de estrategias comunicacionales de autoridades del Poder Ejecutivo y medios de comunicación masivos que estigmatizan a las personas migrantes y vinculan a la migración con el delito, incrementando la persecución hacia las personas migrantes”, afirmaron desde Amnistía al hacer referencia al reciente Decreto 136/2019 del gobierno de Chubut por el cual se prevé la expulsión y prohibición de ingreso a la provincia de todas las personas migrantes que tengan antecedentes penales.
A todo esto, se suma que el gobierno ha introducido diversas medidas que dificultan enormemente la regularización migratoria: ha ampliado la exigencia de demostrar la carencia de antecedentes delictivos a diez años, el aumento de las tasas migratorias a un 1000%, el cierre de programas de abordaje territorial y la creación de un nuevo y complejo sistema informático de regularización que dificulta el acceso a las personas migrantes de bajos recursos.
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