El resumen de situación anual de Amnistía Internacional destacó este año la lucha de las mujeres en Argentina por el derecho al aborto, pero también dio cuenta de las recomendaciones incumplidas por el gobierno nacional. El Consejo de Derechos Humanos del organismo aprobó el resultado del examen periódico universal de Argentina, pero lamentó que “no se aceptaran 13 importantes recomendaciones”.
En esa lista de consejos desoídos por la administración de Mauricio Macri, Amnistía incluyó “el derecho de los pueblos indígenas a que se los consulte y se solicite su consentimiento previo, libre e informado antes de adoptar medidas legales y administrativas que puedan afectarlos”. Y argumentó: “Han aumentado considerablemente los proyectos forestales y extractivos, como la megaminería, la agroindustria y las extracciones petrolíferas, en los territorios indígenas ancestrales”. Es que a pesar de la aprobación de la Ley 26.160, no se han demarcado las tierras de la mayoría de las comunidades indígenas ni se ha regularizado su titularidad.
Amnistía Internacional aprobó que “Argentina haya aceptado las recomendaciones para garantizar el derecho a la libertad de asociación y de reunión pacífica y el uso proporcionado de la fuerza por la policía en las manifestaciones”. Y juzgó: “Sólo debe recurrirse al empleo de la fuerza con el máximo respeto a la ley y teniendo debidamente en cuenta los graves efectos que puede tener sobre la vida y la integridad física de las personas”.
Sin embargo, el protocolo de Patricia Bullrich publicado en el Boletín Oficial la semana pasada flexibiliza el uso de armas de fuego para las fuerzas de seguridad. Esa normativa –resistida por organizaciones sociales y organismos de derechos humanos- contradice al Código de Conducta para Oficiales de Seguridad Pública firmado por la ONU en 1979 donde se establece que se determina la “excepcionalidad” del uso de la fuerza, la “proporcionalidad”, y el “uso de armas de fuego como una medida extrema”.
Migrantes
Aunque Argentina haya aceptado las recomendaciones de proteger a las personas migrantes de la discriminación y garantizar su igualdad de acceso a los derechos humanos con independencia de su situación migratoria, Amnistía advirtió que “por desgracia ha rechazado la de asegurar que la legislación vigente no restringe los derechos humanos de la población migrante”.
Mujeres, aborto y derechos de salud sexual y reproductiva
Amnistía Internacional valoró que el gobierno haya habilitado el debate en el Congreso sobre la despenalización del aborto. Sin embargo, la organización expresó su preocupación de que la Argentina haya rechazado todas las recomendaciones de despenalizar el aborto. El derecho y las normas internacionales de derechos humanos establecen claramente que las mujeres no deben hacer frente a sanciones penales por someterse a un aborto, argumentó la entidad.
La organización también cuestionó las demoras en la implementación de la Ley de Educación Sexual y Reproductiva. El organismo criticó que, a pesar de los 12 años de vigencia de la norma, sólo diez provincias sancionaron leyes de educación sexual, pero aún en estas jurisdicciones existe resistencia para su efectiva implementación.
De acuerdo a información del Ministerio de Educación Nacional (Programa “Aprender”), 8 de cada 10 estudiantes han dicho que no reciben educación sexual en sus escuelas. En mayo de 2018, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas llamó a Argentina a asegurar que la educación sobre salud sexual y reproductiva forme parte del plan de estudios obligatorio de la escuela y que se desarrolle con el involucramiento de niños, niñas y adolescentes.
