En el marco del primer aniversario de la gestión del presidente Javier Milei, Amnistía Internacional presentó el informe “Derechos en Argentina: 12 meses de gestión, 12 derechos perdidos”, sobre la situación de los derechos humanos en el país en el que destaca un “preocupante retroceso” en 12 áreas clave.

El informe destaca que como todos los años el organismo analiza la situación de derechos humanos en el mundo, con un apartado especial sobre la situación en Argentina. En ese camino, destacaron que las políticas de ajuste económico y reformas promovidas por el gobierno libertario impactaron negativamente en la vida de millones de personas, especialmente las más vulnerables, exacerbando las desigualdades y restringiendo libertades fundamentales.

Entre los principales puntos señalados por el informe se destacan retrocesos relacionados con la pobreza, los jubilados, la libertad de expresión, libertad de reunión y manifestación, cibervigilancia y privacidad; acceso a la información pública, derechos de las mujeres y diversidad, crisis climática y pueblos originarios.      

 “Los datos son contundentes y revelan un deterioro alarmante de los derechos humanos en Argentina durante el último año”, afirmó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Además, resaltó que “estas políticas no solo ignoran las necesidades urgentes de la población, sino que profundizan desigualdades estructurales, limitan derechos fundamentales y erosionan el espacio democrático”.

“12 meses de gestión, 12 derechos perdidos”

Los principales puntos señalados en el informe:

Pobreza: El índice de pobreza aumentó del 41,7% al 52,9%, dejando a más de 15 millones de personas bajo la línea de pobreza, y más de un millón de niños sin acceso a una cena diaria. Las políticas de ajuste económico han recaído desproporcionadamente sobre mujeres y sectores de bajos ingresos. 

Jubilados: Las jubilaciones mínimas no alcanzan a cubrir la canasta básica, dejando a millones de adultos mayores en situación de extrema vulnerabilidad. El veto presidencial a una ley de actualización previsional profundizó la crisis en este sector. 

 Libertad de expresión: La hostilidad hacia las y los periodistas, el uso de discursos confrontativos y la desinformación han generado un clima de intimidación y censura, afectando gravemente el debate democrático. Un apartado especial recupera el impacto de la violencia digital en las periodistas mujeres. 

Libertad de reunión y manifestación: el derecho a la protesta pacífica está en peligro por medidas como el Protocolo para el mantenimiento del orden público y por la actuación de las fuerzas que incluyó el uso desproporcionado de balas de goma y gases lacrimógenos, causando graves lesiones. También se denuncian detenciones arbitrarias, criminalización de manifestantes y agresiones a periodistas, incluso identificados con credenciales de prensa. 

Cibervigilancia y privacidad: la creación de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS) plantea riesgos de vigilancia masiva y perfilamiento discriminatorio. Estas prácticas afectan derechos fundamentales como la privacidad, la igualdad y la libertad de expresión, condicionando el debate público y generando discriminación. 

Restricción al acceso a la información pública: El Decreto 780/2024 amplía la opacidad estatal al clasificar más datos como secretos, limitar la divulgación de información pública y aumentar la discrecionalidad de los funcionarios. Esta medida vulnera la transparencia, afecta derechos fundamentales y dificulta la rendición de cuentas.  

Derechos de las mujeres y diversidad: Se reporta un retroceso en políticas de igualdad de género, derechos reproductivos y la protección contra la violencia hacia mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+. 

Crisis climática y pueblos originarios: La falta de políticas efectivas frente al cambio climático y los conflictos territoriales ha dejado a comunidades indígenas expuestas y desprotegidas. 

El informe completo fue difundido en un comunicado en el que Amnistía Internacional instó al gobierno “a adoptar medidas urgentes para revertir este retroceso, respetar sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y priorizar a las personas y su dignidad por encima de objetivos fiscales o económicos”.