Un nuevo aporte al desplome del Estado de Derecho en Argentina. A raíz de una posible incompatibilidad quedó al filo de la nada el alegato del abogado querellante que representa al Poder Ejecutivo en el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA. Ocurre que el doctor José Console alterna dicha labor con su función de asesor letrado en el Concejo de la Magistratura porteño. De modo que el Tribunal Oral Federal 2 intimó a ese organismo, al Ministerio de Justicia y a su unidad especializada para que informen sobre aquella dualidad antes de inhabilitar al profesional.

Este «problemita» viene enlazado a otra circunstancia aun más vidriosa: Console –un alfil del influyente Daniel Angelici– acaba de pedir la absolución de los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, junto con la del ex comisario Jorge «Fino» Palacios. Los dos primeros –para quienes la fiscalía pidió ocho años de prisión– están procesados por haber construido pruebas a fuerza de sobornos. Y al policía se le atribuye el abandono deliberado de la pesquisa sobre el ciudadano de origen sirio Alberto Kanoore Edul, entre otras trapisondas. Pero para el abogado del gobierno merecen ser sobreseídos. Tal arrebato «garantista» fue articulado desde las altas esferas del macrismo. El backstage de la maniobra y sus efectos ya están a la vista.

El primer signo fue una columna –difundida el 17 de enero por Télam– en la que el titular de la AMIA, Agustín Zbar, califica como personas «que se jugaron todo por esta causa» nada menos que a Mullen y Barbaccia. Nada hacía imaginar entonces que aquel parecer –a todas luces espeluznante por venir de la máxima autoridad de la mutual siniestrada– era en realidad el anticipo de una política pública. Su ejecutor: el ministro de Justicia, Germán Garavano. Fue quien tras la feria judicial rompió el acuerdo entre la fiscalía (UFI AMIA) y los letrados gubernamentales de pedir idénticas penas. Desplazó a última hora al doctor Enrique Ventos (el encargado original de pronunciar el alegato) para reemplazarlo por Console, sin calcular su incompatibilidad. Más allá de esa torpeza puntual, la obscenidad de su proceder le deparó conflictos hasta en las filas oficialistas, al punto de que su archienemiga, la diputada Elisa Carrió, ya lo amenaza con el juicio político.

Cierto,  en la protección de estos tres personajes el PRO no se fija en costos. ¿Cuál es la explicación de tamaño empeño?

En cuanto a Palacios, no cabe duda de que su salvataje está relacionado con el cariño que le profesa el presidente. En la mañana del 23 de noviembre de 1991, Mauricio Macri fue llevado a una casa ubicada sobre la avenida Garay al 2800, de Parque Patricios, para reconocer el sitio en el que dos meses antes había transcurrido su secuestro. Y al llegar a un oscuro sótano, rompió en llanto. Su sollozo entrecortado y agudo era casi infantil. En aquel instante, un oficial lo estrechó entre sus brazos con una fingida ternura. Se trataba de un tipo alto, con bigote tupido y mirada fría. Ese gesto bastó para que el joven heredero recobrara la compostura. Claro que entonces el uniformado no imaginó hasta qué punto tales palmaditas incidirían con el tiempo en su propio destino: gerente de seguridad de Boca tras ser expulsado en 2004 por Néstor Kirchner de la Federal y primer jefe de la Metropolitana en 2009, antes de su arresto por el caso del espionaje telefónico. Por entonces también se lo procesó en la causa AMIA. Se lo acusa del «extravío» de 66 casetes con escuchas, además de encubrir al ya mencionado Kanoore Edul, un empresario textil vinculado al ex presidente Menem. El hecho es que Palacios retrasó un allanamiento a su hogar, no sin avisarle su realización tras recibir una orden desde Casa Rosada.

Dicho sea de paso, en vísperas a ser encausado por ambas situaciones, su jefe político, el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, no tuvo mejor idea que contratar la compra de uniformes para la Metropolitana a la empresa Texicorp. Su propietario era nada menos que Kanoore Edul. Es precisamente Montenegro quien también rescató del ostracismo al ex fiscal Barbaccia, ya que en agosto de 2008 lo puso a trabajar –sin contrato ni designación formal– como su asesor en el armado de la mazorca porteña. A tal efecto compartía una oficina con el padre del ministro, un almirante retirado. A fines del año siguiente, al ser interrogado por este tema durante una interpelación en la Legislatura, Montenegro, algo incómodo, soltó: «Barbaccia es mi amigo y no lo voy a ocultar». Tampoco omitió su afecto por Mullen.

Habían formado un trío muy animado cuando Montenegro era fiscal federal. En su despacho se encontraba instalado uno de los equipos permanentes de la SIDE para las filmaciones clandestinas. Allí se registraban con fines extorsivos los interrogatorios a ciertos testigos por parte de Barbaccia y Mullen. Este último, contratado en 2009 como abogado de Sbase, gracias a la influencia del entonces procurador de la Ciudad –y actual diputado– Pablo Tonelli. Desde un plano más orgánico, los ex fiscales cuentan con el apoyo de Unidos por la Justicia, un cenáculo de operadores tribunalicios cofundado por Garavano y presidido en la actualidad por Alan Martín Nessi, quien fue secretario letrado de ellos.

La mano larga del PRO siempre está. «