Mañana, lunes, el fiscal Miguel Yivoff retomará un alegato que ya lleva unas cinco horas para acusar formalmente a los imputados por encubrimiento del atentado contra la AMIA. Se viene una descripción compleja de complicidades que abarcan a los tres poderes del Estado. Y muestra cómo una suerte de lumpenaje policial-político-judicial se las arregló, ellos sí, para ocultar y dinamitar el camino a la verdad.
Cuando hoy se investiga si la expresidenta Cristina Fernández encabezó una organización estatal y paraestatal para proteger a los acusados iraníes por la voladura de la mutual judía se comete un error histórico. En términos cinematográficos, se observa una película desde el minuto 57 hasta 15 minutos antes del final. Lo que falta en el medio es la verdadera trama. O cuanto menos, una de las líneas argumentales que podrían explicar cómo terminará el film.
El juicio por el encubrimiento de la denominada «pista siria del atentado está en su tramo final. Sin embargo, todo parece indicar que nada nuevo surgirá de allí; nada que no se sepa ya.
En la audiencia en la que comenzaron los alegatos, el jueves pasado, la asistencia de los imputados fue casi perfecta. Sólo faltó el exjefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, quien alegó «dolor de panza». En rigor, sus abogados hablaron de «dolor abdominal intenso». Anzorreguy viene buscando desde hace rato zafar del juico por razones de salud. ¿Por qué es importante su figura en el juicio? Porque de la ex SIDE salieron los 400 mil dólares que se le pagaron al desarmador de autos Carlos Telleldín para que involucrara en el atentado a policías bonaerenses, desviando así una línea de investigación que conducía probablemente a autores que no eran los iraníes a los que ahora, según el difunto fiscal Alberto Nisman y el juez Claudio Bonadio, el anterior gobierno buscó proteger.
Esos 400 mil dólares, que según el cálculo del fiscal hoy serían unos 6 millones de pesos, sirvieron para que Telleldín dijera que la camioneta supuestamente utilizada como bomba se las había entregado a comisarios de la bonaerense para que se cometiera el atentado. ¿Cómo se relaciona un desarmador de autos de origen ilegal con la policía que debía perseguirlo y con el mayor atentado terrorista de la Argentina? La respuesta es una síntesis casi perfecta de la Argentina. Los policías sabían de las actividades ilegales de Telleldín, y se aprovechaban de ello.
Hace un par de semanas, la Corte Suprema ordenó a un juzgado de Garantías de Lomas de Zamora que investigue una presunta extorsión de bonaerenses contra Telleldín antes del atentado. Le permitían sus actividades ilegales y le cobraban peaje. Probablemente todo hubiera seguido así si una camioneta que supuestamente estuvo en los «talleres Telleldín» no hubiera estallado en la AMIA. Viejos rencores, mucho dinero y el acecho de toda una vida en prisión se conjugaron para que el desarmador de autos inculpara a la policía.
El fiscal Yivoff recordó las reiteradas detenciones de Telleldín y los allanamientos y arrestos a su madre y hermano para presionarlos. Allí aparecieron los 400 mil dólares. Y la investigación desbarrancó hacia la impunidad. Hace 23 años que está perdida en ese laberinto. Si estuviera vivo, probablemente también el fiscal Nisman debería estar dando explicaciones en este juicio.
Sin Anzorreguy pero con Carlos Menem (fue raro verlo por allí), el tribunal escuchó la primera parte del alegato de la fiscalía, que continuará al menos por una audiencia más.
Sobre una atalaya de ética, la fiscalía acusó a los investigadores de «destruir las expectativas y esperanzas que la sociedad y los familiares habían depositado en el Poder Judicial».
Hay otros dos personajes que se combinan en esta historia: un extorturador del centro clandestino cordobés La Perla, el excapitán del ejército Héctor Vergez, y el extitular de la DAIA, Rubén Beraja. La fiscalía mostró cómo se fraguó una versión falsa para involucrar en el atentado a unos libaneses. Ello completa la postal de la Argentina: la búsqueda de «un» culpable y no de «el» culpable. La verdad, una vez más, sólo les interesa a las víctimas.
Otro personaje judicial irrumpió con fuerza en el juicio: la excamarista federal María Luisa Riva Aramayo. El alegato habló de reuniones con Telleldín. Riva Aramayo murió, pero sus mentores judiciales viven: Carlos Menem en el banquillo, Carlos Corach con una causa abierta con nulas posibilidades de éxito.
Lo que se viene a partir de mañana es un análisis de para qué sirvieron los 400 mil dólares pagados a Telleldín. El fiscal puso en duda que el exjuez Galeano «haya buscado deliberadamente una versión falsa», pero cuando la tuvo, acaso urdida desde los servicios de inteligencia, locales y tal vez extranjeros, «aceptó esa versión como verdadera sabiendo que ni antes ni después del pago la lograría probar».
Si llega, tal vez mañana el fiscal pedirá las penas para los acusados. Luego será el turno de las querellas y finalmente de todos los imputados. Tal vez, sólo tal vez, a fin de año habrá veredicto. «
