Familiares de víctimas del atentado a la AMIA reunidos en la agrupación Memoria Activa pidieron penas de hasta 20 años de prisión para los acusados de encubrir el atentado contra la mutual judía. Pero no se conformaron sólo con eso: también exigieron una investigación sobre las razones que llevaron al gobierno de Cambiemos a morigerar sus posturas sobre algunos imputados, especialmente contra los ex fiscales que intervinieron en la primera parte de la investigación. Y también pidieron que se profundice la línea de investigación que impulsó el ex funcionario político de la oficina de seguimiento del juicio por la AMIA, el radical Mario Cimadevilla, quien denunció penalmente, entre otros, al ministro de Justicia, Germán Garavano, por presunto encubrimiento de los encubridores.

Tras varias jornadas de alegado, el abogado Rodrigo Borda pidió 20 años para el ex juez Juan José Galeano, diez para el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, seis para el ex presidente Carlos Menem, cinco para el ex comisario Jorge “El Fino” Palacios; cuatro años y ocho meses para el ex titular de la DAIA Rubén Beraja, cuatro para el desarmador de autos Carlos Telleldín y tres años y medio para su ex abogado, Víctor Stinfale, actual letrado de Diego Maradona. Memoria Activa también pidió 13 años de cárcel para los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, a quienes el ministerio de Justicia del actual gobierno decidió dejar al margen de la acusación. En todos los casos, el pedido de penas fue acompañado por el de “inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y las costas del proceso”.

La lista de imputados a los que la organización que desde el primer momento posterior al atentado viene exigiendo justicia completa, imparcial, profunda e independiente, se completa con los ex agentes de inteligencia Patricio Finnen (cinco años de prisión) y Juan Carlos Anchezar (seis años); el ex comisario de Protección del Orden Constitucional (POC) Carlos Castañeda (cinco años) y la esposa de Telleldín, Ana Boragni, quien recibió los 400 mil dólares que la central de inteligencia destinó para que Galeano convenciera a su marido para incriminar en el atentado a policías bonaerenses. Para ella, la pena reclamada fue de tres años.

“Llevar a juicio a un ex presidente de la nación, a un ex juez federal, a un titular de inteligencia y a otros funcionarios de responsabilidad, y presentar frente a un tribunal oral las numerosas y contundentes pruebas del encubrimiento resulta un hecho histórico, que debe acompañarse con una condena ejemplar para todos los imputados”, sostuvo Memoria Activa en un documento que acompañó al alegato.

El abogado Borda reclamó que “no haya que esperar que cambie el gobierno para investigar la responsabilidad” de los actuales funcionarios en el cambio de conducta: de un Estado querellante y acusador a uno que cambió abogados, designó a otro que no estaba en condiciones de intervenir en el juicio oral y finalmente resolvió no acusar a Mullen y Barbaccia.

“La querella le expresó a los jueces del tribunal su pretensión de que se investigue hasta las últimas consecuencias el escandaloso intento encubridor liderado por el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien cambió a último momento su alegato para salvar a sus protegidos ex fiscales, Mullen y Barbaccia”.

En ese contexto, Borda advirtió que “si para que haya justicia es necesario esperar hasta el próximo gobierno”, Memoria Activa “seguirá adelante”. Y prometió: “no tengan dudas de que lo vamos a hacer”.

“Si bien esperamos que no haga falta un cambio de gobierno para que se investigue a todos los funcionarios del Ministerio de Justicia denunciados, los familiares, tal como lo hemos demostrado, tenemos paciencia, perseverancia y sobre todo memoria. Lo único que nos falta es justicia y eso sí se lo pedimos a ustedes, señores jueces”.

El juicio oral que está llegando a su fin gira en torno al desvío de la denominada “pista siria”, una línea de investigación nunca profundizada que llevaba hacia un empresario nacido en Yabrud, el mismo pueblo del que es originaria la familia Menem. De hecho, un hermano del ex presidente, Munir, debió haber estado entre los acusados, pero falleció bastante antes del debate.

En cuanto a Mullen y Barbaccia, ambos trabajaron durante una segunda etapa de la investigación junto con el difunto fiscal Alberto Nisman.