Los grupos antiderechos pusieron un pie en el acelerador luego de que el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo elaborado por el Poder Ejecutivo fuera presentado ante el Congreso. Desde el anuncio del presidente, en marzo pasado, estos grupos que se identifican con el color celeste comenzaron una ofensiva que se intensificó en los últimos días.

Después de varias semanas de amenazas, hackeos de cuentas y presiones a militantes, activistas, periodistas feministas y diputados, organizaron una marcha “en contra” del aborto legal, que se realizó el sábado en diferentes puntos del país.

La convocatoria estuvo en manos de organizaciones de la sociedad civil junto con la Iglesia católica y la iglesia evangélica, esta última agrupada en Aciera (Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina) y que emitió un comunicado con cifras de dudoso origen y casi imposible comprobación.

Según Aciera, más del 50% de los ciudadanos considera que no es el momento adecuado para su tratamiento, que a menos del 2% le parece un tema poco importante y que «hay una gran mayoría celeste por sobre el movimiento verde que se concentra mayormente en la Ciudad de Buenos Aires». Las cifras descabelladas difundidas por la asociación para convocar a la marcha no solo carecen de precisión sino que tampoco responden a los ejes sobre los cuales el jefe de Estado, Alberto Fernández, se posiciona para elaborar, presentar y pedir la  aprobación de la ley en el Congreso.

“Hay más de cien causas prioritarias por las que mueren las mujeres, y mucho más en pandemia. Mueren 15 veces más embarazadas que quieren tener a sus hijos, 20 veces más mujeres por desnutrición o HIV, y 300 veces más por cáncer de mama”, sostuvo Ana Belén Mármora, activista de Unidad Provida.Desde la Comisión Episcopal para la Vida, los Laicos y la Familia, que encabeza monseñor Pedro Laxague, alentaron “fervientemente” a participar de la manifestación “a favor del derecho humano a la vida de toda persona garantizado en la misma Constitución nacional”, según un comunicado.

La marcha no es el único intento por presionar a los legisladores que tendrán en los próximos días sus respectivos espacios de debate, también durante la semana pasada el Papa Francisco respondió una carta a mujeres de las villas Rodrigo Bueno, 31 y de José León Suárez, que le habían pedido que intercediera en contra del proyecto de interrupción del embarazo que se debatirá en el Congreso. «Sobre el problema del aborto, tener presente que no es un asunto primariamente religioso sino de ética humana, anterior a cualquier confesión religiosa», sostuvo el Papa.

Desde los sectores antiderechos no hay respuestas serias a la hora de hablar de salud sexual y reproductiva, existe una oposición en gran parte de los sectores a la educación sexual integral y en muchos casos a la anticoncepción.

Las presiones de las ONG y de la Iglesia no suceden solo en la Argentina, también hay una ofensiva antiderechos a nivel mundial que se tradujo en la Declaración de Consenso de Ginebra, un documento firmado por Brasil, Egipto, Indonesia, Uganda, Hungría y Estados Unidos, único país firmante donde el aborto no está prohibido o exceptuado, que dice defender los derechos de las mujeres. La postura restrictiva ignora los 35 millones de abortos clandestinos practicados cada año en el mundo, de los cuales 23 mil resultan mortales, según las cifras del Instituto Guttmacher, una ONG que trabaja por los derechos sexuales y reproductivos a nivel internacional.

Al cierre de esta edición, desde la organización Mumalá de Salta, habían denunciado que la casa de la coordinadora, Malvina Gareca, fue vandalizada por grupos antiderechos. Desde distintas organizaciones y partidos políticos repudiaron la acción intimidatoria. La semana pasada había sucedido algo similar con el diputado Facundo Suárez Lastra. «En el barrio los vecinos cuelgan pañuelos verdes, este es solo un grupito», dijo el legislador ante la prensa. La violencia y virulencia celeste no tienen cabida esta vez, luego del salto cualitativo y cuantitavo de un movimiento que exige hace años derechos para las 500 mil mujeres que por año eligen abortar. Es tarea fundamental del Congreso legislar, pensar en esos derechos y propiciar el debate democrático para que el aborto legal sea ley.