La historia infame de la papelera sumó otro capítulo el pasado 9 de noviembre, cuando el diputado del bloque justicialista, Diego Bossio, presentó ante la Comisión de Comercio un proyecto que propone eliminar artículos de la Ley 26.736 que regula la producción y venta del papel para diarios. Cinco días más tarde, en un trámite exprés, el proyecto obtuvo dictamen.
En las formas, la iniciativa fue de Cooppal, una distribuidora que opera como subsidiaria de Papel Prensa. La solicitud fue dirigida al presidente de la Cámara Baja, el renunciante serial Emilio Monzó, quien logró que otro pejotista satélite, ubicuo y ambicioso impulse la iniciativa: el extitular de la Anses.
El diputado rubricó el proyecto que propone, en su artículo 1°, derogar los artículos 20, 21, 24, 25, 26, 27, 40 y 41 de la ley. El segundo artículo es de forma. Con esa escueta redacción se desmonta una ley clave para la libertad de expresión: la que garantiza el acceso igualitario de todos los medios gráficos al papel, mediante la regulación de su producción y precio.
El primero de los artículos derogados, por caso, obliga a que las empresas fabricantes, distribuidoras y comercializadoras de pasta de celulosa y papel para diarios fijen un precio único de pago al contado. La desregulación da libertad a Papel Prensa (la única proveedora activa de ese insumo en el país) a establecer valores según los intereses de sus principales accionistas –Clarín y La Nación–, quienes podrán pagar un monto distinto al de sus competidores.
En la prehisotria de la ley, esa prerrogativa les permitió a los diarios propietarios de la papelera alcanzar el liderazgo que hoy ostentan. La norma de 2011 restringió esos abusos de posición dominante, aunque no los eliminó. Como Tiempo informa periódicamente a sus lectores, este año Papel Prensa acumuló incrementos muy por encima de la devaluación del dólar. El precio para los diarios pyme y cooperativas acumuló aumentos de un 120% a octubre. Con un agregado: el pago debe realizarse por anticipado y cash.
Con la eliminación de las regulaciones, sin embargo, el panorama puede ser aun peor. La norma que obtuvo dictamen en comisión –y por lo tanto, quedó a tiro de ser tratada en Diputados– es una estocada mortal para las finanzas de los medios alternativos, ya castigados por la caída del consumo, los tarifazos y la depresión económica general. «
