Tratando de ocultar su desconocimiento jurídico, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, abrió el debate que se lleva a cabo en el Senado sobre el proyecto de ley de Responsabilidad Penal Empresaria y pidió que se vuelva a incorporar el artículo 37 que fuera rechazado en Diputados.

El polémico artículo que fue bautizado por la oposición como “Oderbrecht- Calacaterra” y en el que se propiciaba que el procurador General del Tesoro pudiera hacer “acuerdos administrativos” con las compañías imputadas por fuera del ámbito judicial y con retroactividad a los supuestos delitos cometidos, fue el eje de la exposición de la funcionaria macrista.

El artículo había sido cuestionado por “inconstitucional” y, a su vez, sindicado como el ariete para habilitar al procurador Bernardo Saravia Frías, un abogado de las empresas del conglomerado familiar de Mauricio Macri, a seleccionar con la multinacional brasileña los delitos cometidos en la Argentina y desvincular a la sospechada empresa contratista que era del primo del Presidente.

En ese contexto, el oficialismo empezó a recorrer el camino para intentar revertir lo que puertas adentro vivieron como una derrota en la Cámara de Diputados.

A la hora de intentar imponer nuevamente el artículo 37, Alonso afirmó: “Creemos que este artículo abre un canal institucional motivador que le podría permitir a muchas empresas resolver la cuestión por fuera del proceso penal”.

Además, la funcionaria macrista llamó a “revisar” la redacción del artículo 1 por el “impacto distorsivo” que genera, ya que, por impulso de los diputados del Frente Renovador, se incorporaron al proyecto todos los delitos del Código Penal, que ahora alcanzarían a las personas jurídicas.

En este sentido, especificó que los ilícitos previstos inicialmente eran los de “cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles, fraude contra la administración pública y cohecho trasnacional”.

Alonso también pidió modificaciones en la redacción del artículo 20, sobre los acuerdos de colaboración, para dejar en claro que éstos se pueden celebrar a cambio del “cese de la persecución” y no de la eximición de la pena.

El debate continuará este jueves sin certeza sobre la posibilidad de que se emita dictamen y la norma quede en condiciones de ser sancionada de manera definitiva por el Senado.