De acuerdo a datos oficiales de la Dirección de Estadísticas y Censos del Gobierno porteño (DGEyC), en el primer semestre de 2020, la población bajo el umbral de indigencia se duplicó. El 11,7% representa a 350 mil personas -171 mil habitantes más que en 2019, antes de la pandemia- que no llegaban a comprar los alimentos básicos. La misma dirección admite que la desocupación general dentro del distrito porteño pasó del 10,9% al 14,7% interanual, y que en la en la zona sur alcanzó el 21%, mientras que en el norte llegó al 8,6%.
Si bien la gestión de Larreta reconoce la crisis social y económica producida por la pandemia en todo el distrito, un contundente informe realizado por trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Desarrollo de la Ciudad de Buenos Aires, sacó a la luz que la Ciudad, subejecutó presupuestos, despidió trabajadores y congeló programas, al mismo tiempo que dejó a los hogares de niños bajo su órbita sin computadoras ni teléfonos para las clases remotas. Una gestión que se desentendió de su rol, en el momento más crítico.
De la cartera que conduce la Ministra María Migliore, dependen áreas muy sensibles como la Dirección de Niñez y Adolescencia; la Dirección de Políticas Sociales en Adicciones; el área de la Mujer; y el programa Grupos Comunitarios. Desde el comienzo de la pandemia, en marzo de 2020, el ministerio fue declarado como un órgano esencial por el jefe de Gobierno porteño, pero sus trabajadores aseguran que esa decisión no fue acompañada con recursos suficientes para amortiguar el impacto de la crisis, todo lo contrario: en los últimos 18 meses, María Migliore recortó presupuesto en asistencia alimentaria, políticas de género, e infancia y juventud.
Respecto a infancia y juventud, el Programa Adolescencia implementa convenios de gestión asociada con distintas organizaciones para que más de 9 mil chicos y chicas, de entre 14 y 18 años, practiquen deportes y disciplinas artísticas. En abril de 2020, la gestión decidió suspender el programa hasta fin de año, porque no quería transferirles recursos a las instituciones para hacer actividades a distancia y continuar con el vínculo social. Fueron las y los trabajadores quienes sostuvieron las tareas de acompañamiento que la gestión quería desconocer, con más 3 mil chicos que, según el índice de vulnerabilidad, que define el ingreso a las actividades, se encontraban en una situación más compleja, es decir, pudieron acompañar a poco más de 33% del total de chicos.
Otro de los programas afectados fue, “Reconstruyendo Lazos”, una política que genera prácticas laborales para chicos de 16 a 21 años, por medio de la articulación con empresas, organismos del Estado y fundaciones, y el acompañamiento de profesionales que, al mismo tiempo, trabajan la restitución y la promoción de diferentes derechos. Al mismo, la beca volcada al sector, se encuentra congelada desde fines de 2018 hasta junio de 2021. Los integrantes del programa reclaman que la beca recupere el peso que tenía originalmente. El estímulo subió menos de un 400% desde que el PRO asumió en la Ciudad, a fines de 2007. “El pasaje de subte, que muchos chicos pagan cuando van a las prácticas, aumentó más del 4.000%”, advierte en diálogo con Tiempo Virginia Belachur Delegada ATE Promoción Social CABA. Cabe destacar que, a mediados de 2020, la mitad de los niños y jóvenes de la Ciudad de Buenos Aires vivían en hogares pobres. Un tercio de ese sector tenía menos de 18 años.
En el presupuesto que aprobó la Legislatura para 2020, la Dirección de la Mujer tenía asignados 402.510 millones de peso pero, de acuerdo al registro de ejecución presupuestaria que publica el Poder Ejecutivo, el gasto fue mucho menor: 336.892 millones de pesos. La subejecución en la Dirección de Mujer el año pasado llegó al 16%. “Son temas sobre los que hay demandas de la sociedad, pero el Pro logró instalar la idea de que gobernar la ciudad es más parecido a administrar un edificio que a gestionar un Estado. Entonces, es como si el gobierno de la Ciudad no tuviera la responsabilidad de, por ejemplo, ofrecerles herramientas concretas a las mujeres víctimas de violencia. Y, en realidad, sí las tiene”, agrega Belachur.
En el contexto de crisis sanitaria las consultas a la línea 144 —que ofrece contención a mujeres en situaciones de violencia— se incrementaron un 48% respecto a 2019. Por aquel entonces contaban con 35 profesionales para la atención, con más de 200 consultas diarias. En medio de la pandemia hubo despidos en el sector: De 35 trabajadoras quedaron 32. Con el incremento de llamadas hubo “comunicaciones que no se contestaron porque no hay profesionales que las puedan tomar. Y los llamados que no ingresan se caen”, destaca Belachur, al mismo tiempo que manifestó que “hace falta infraestructura para que una mujer que es víctima de violencia en su casa tenga dónde ir, no solamente contención. Con la pandemia se vio, mucho más fuerte, una situación que viene desde antes, y es el desentendimiento del Gobierno de la Ciudad en la restitución y la promoción de derechos de los sectores más vulnerabilizados.”
Fuerte recorte en alimentación
En los comedores comunitarios, el aumento de las raciones de comida fue dispar: solo se verificó en los espacios que estaban inscriptos en el registro del programa Grupos Comunitarios. El problema es que este registro no abre hace cuatro años. “Desde 2017, solo ingresaron al programa comedores que son políticamente afines a Cambiemos. Los gestionados por organizaciones que no responden al oficialismo porteño tienen que solventar, con sus recursos, elementos tan esenciales como las cocinas y las garrafas”, señala el informe.
Los bolsones de comida que la Ciudad ofrece a algunas familias que tienen contacto con programas de restitución y promoción de derechos, como Fortalecimiento de Vínculos, Andares, Reconstruyendo Lazos o Casas de los Niños y Niñas, “son deficientes no solo en cantidad, sino también en calidad. Con un kilo de fideos, un kilo de azúcar, un kilo de arroz, dos litros de leche, un litro de aceite y dos paquetes de galletitas”, agrega el documento. Las “familias que están bajo la línea de indigencia, o en el mejor de los casos de pobreza, tenían que comer 15 días al principio y 30 días después, cuando los bolsones pasaron a ser mensuales”, agrega. Esto representa una reducción alrededor del 50% en alimentos durante la pandemia.
Firma de convenio para políticas de género
En el marco de la campaña electoral, en la tarde de ayer, la gestión de Larreta y el Ministerio Público Fiscal firmaron un acuerdo que tiene por objetivo brindar asistencia directa en casos de violencia de género en los barrios populares. Según explicaron, se trata de un convenio orientado a articular iniciativas, proyectos y actividades que promuevan el desarrollo humano y que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas y el acceso a la justicia. “Este acuerdo viene a satisfacer una demanda de los y las vecinas y de referentes de las organizaciones de la sociedad civil: un acceso más simple y eficiente a la justicia y a los programas de atención social sin duda se traducirá en una mejor la calidad de vida en los barrios”, expresó Migliore durante la firma del documento.
